La Liga Argentina por los Derechos del Hombre envió una nota a la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos. La misiva
alerta a la institución sobre "posibles usos indebidos y repudiables del
Programa UBA XXII" ante el intento de represores condenados por delitos
de lesa humanidad de acceder al mismo.
Un comunicado del decano de la Facultad, Héctor Trinchero, titulado
"Sobre el rol de la universidad pública en contextos de encierro. El
caso de represores condenados por delitos de lesa humanidad", recordó
que el Programa UBA XXII "iniciado en los primeros momentos de
regularización democrática de nuestra Universidad se propone aportar
conocimientos y brindar una oportunidad de acceso a distintas carreras
de la universidad a personas en situación de encierro que están
cumpliendo alguna condena".
"Sin embargo, recientemente se ha dado el caso en que personas que
han cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura
cívico-militar pretenden realizar dichos estudios, lo cual constituye
una situación además de indignante, conflictiva con los objetivos de
dicho programa", señaló.
Agregó que "pensamos que para aportar al debate sobre las
implicancias de semejantes hechos, la nota recibida y avalada por
distintos organismos de Derechos Humanos es una útil herramienta de
debate y esclarecimiento, no únicamente en el Consejo Directivo, el cual
propone expresarse resolutivamente al respecto sino para toda la
comunidad, y es por eso que la compartimos".
En su nota, la Liga había expresado su “preocupación ante el intento
de los represores involucrados en la ejecución del genocidio sufrido por
el pueblo argentino entre 1974 y 1983, de introducirse al sistema
educativo de la universidad pública en contextos de encierro".
"Esta preocupación se extiende a la situación de docentes y
estudiantes en el Programa UBA XXII, debido al hostigamiento sistemático
que sufren por parte de estos detenidos condenados yo procesados en
diversas causas por delitos de lesa humanidad", dice la nota de la Liga.
Agrega que "basados en nuestra experiencia como querellantes en los
juicios llevados adelante en todo el país, hemos argumentado respecto de
la impunidad que se perpetúa si los genocidas condenados son
beneficiados por criterios de una supuesta `normalidad procesal`,
inadmisible en el caso de los delitos por los que fueron condenados".
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