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domingo, 23 de febrero de 2020

Hay 30000 razones para no olvidar, no perdonar, no reconciliarnos


Buenos Aires, 22 de febrero de 2020

Con motivo del acto en Campo de Mayo realizado en el día de ayer, el Presidente de la Nación Alberto Fernández manifestó que ante el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas “Toda la Argentina debe dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”.

Desde el Encuentro Militante Cachito Fukman expresamos el más absoluto rechazo a dicho posicionamiento gubernamental. Debe saber Sr. Presidente que no es posible dar vuelta ninguna página ni pretender reconciliarnos con instituciones que ocultan el destino de casi 400 hijas e hijos de nuestras compañeras y compañeros. No es posible ocultar por más tiempo los Archivos que tiene el Estado bajo el cuidado de dichas instituciones armadas sobre los represores que participaron del Genocidio que se extendió sobre todo el territorio argentino.

Alberto Fernández está abonando el posicionamiento de la obediencia debida cuando manifiesta “la inconducta de algunos”, pues niega la participación del conjunto de las Fuerzas Armadas en la represión al pueblo. Es inaceptable para las Madres, familiares, amigos y compañeros seguir padeciendo la verdad de los hechos, sobre miles de detenidos detenidas desaparecidos y desaparecidas sin que se nos diga dónde se encuentra sus cuerpos, quienes fueron los autores y su enjuiciamiento. "Una vuelta de página" va en detrimento de la lucha que, por más de 40 años, venimos librando por Memoria, Verdad y Justicia.

HAY 30.000 RAZONES PARA NO OLVIDAR. NO PERDONAR. NO RECONCILIARNOS.
Apertura YA de los archivos de la dictadura

ENCUENTRO MILITANTE CACHITO FUKMAN.

Movimiento de los pueblos por un socialismo y un feminismo desde abajo
Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional
Izquierda Latinoamericana Socialista
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el cambio social
Movimiento 8 de abril
Casapueblos (Madrid)
La Marx/Reagrupamiento al PST
Ojos para la Paz (Madrid)
Comité por la liberación de presas y presos políticos de pueblos originarios
Comisión Memoria y Justicia  Masacre de La Plata

viernes, 24 de enero de 2020

CUMPLIMIENTO INTEGRO DE LA CONDENA DEL GENOCIDA SCILINGO

Madrid 25 de enero de 2020.

Señor Ministro de Justicia
D. Juan Carlos Campo
Palacio de la Justicia -
C/ San Bernardo 45 Madrid

C/C al Sr. Embajador de Argentina en España
De nuestra consideración:
Las personas y organizaciones abajo firmantes, tanto de España como de Argentina, comprometidas con la defensa de los derechos humanos y por la consecución de la justicia contra los genocidas que asolaron la República Argentina desde 1976 hasta 1983, incluyendo también los crímenes y atentados perpetrados antes del 24 de marzo de 1976.
Desde el espacio de memoria y dignidad que hemos elegido, continuamos denunciando las circunstancias de vida y ahora de privilegios, del genocida Adolfo Scilingo, ex capitán de la Armada argentina, partícipe de 'los vuelos de la muerte' quien fue procesado en la Audiencia Nacional de Madrid en virtud de la vigencia y aplicación de la justicia universal, condenado en el año 2005 a 640 años de prisión. El Tribunal Supremo en el 2007 confirmó la condena y la elevó a 1084 años, por la comisión de delitos de lesa humanidad con el resultado de 30 muertos que arrojara desde los aviones con agravante de alevosía y tortura, y 256 secuestros seguidos de detención ilegal cometidos por él en la Escuela de Mecánica de la Armada (Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio - ESMA). El límite máximo de cumplimiento en prisión para Scilingo se fijó en 25 años por lo que debería de cumplir su pena hasta el 20 de abril de 2026
Es una afrenta a las víctimas, a sus familiares y a toda la población en general pues un genocida goza actualmente de libertad, de unos beneficios penitenciarios, incompatibles con la naturaleza de los aberrantes crímenes que ejecutó y de los que nunca se arrepintió ni pidió perdón.
Tenemos en nuestro bagaje muchos años de lucha, de reclamos y denuncias, como también infinitas heridas sin cerrar.
Por todo ello, solicitamos apoyándonos en la conciencia y dignidad de las 30.000 personas detenidas - desaparecidas, como también en el derecho internacional humanitario, que sea derogada la libertad condicional por su condición de criminal genocida y por tanto retirada también la asignación mensual para la “reinserción” de presos, y que el cumplimiento de la condena sea efectivo hasta la fecha que le corresponde: el 20 de abril de 2026.
A la espera de su respuesta, le saludamos atentamente.
Nombre Apellidos                               DNI                                          Organización


Les agradecemos el envío de las firmas a : casapueblos@nodo50.org





viernes, 5 de julio de 2019

Beneficios para los genocidas

Pasaron más de 40 años de la oscura dictadura cívico-militar que dejó miles de víctimas en una Argentina con heridas abiertas, las cuales se profundizan cuando la justicia brinda beneficios a responsables de tantos crímenes.

Tristeza, pero sobre todo mucha impotencia causa en un hijo cuyos padres fueron detenidos-desaparecidos y siguen clamando justicia, en una madre que perdió a sus hijos, en una abuela que aún espera que aparezca su nieto robado.

Duele aún más al escuchar de una sentencia o de una noticia sobre esos genocidas, acusados de delitos de lesa humanidad, que cumplen condenas en el sillón de sus casas o en prisión, pero con beneficios.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, difundido en diciembre pasado, del que se hicieron eco varios medios informativos, el 57 por ciento de los represores recibió prisión domiciliaria.

Mientras, 36 genocidas aún permanecen prófugos, 862 fueron condenados, 22 resultaron absueltos y los juicios por alguna megacausa por crímenes siguen avanzando con lentitud.

Según el informe del pasado año, desde 2006 hasta septiembre de 2018 la justicia dictó 209 sentencias, fueron detenidas unas mil personas, pero las apelaciones de los abogados defensores beneficiaron al menos a 640 de ellas, casi todos miembros de las fuerzas de seguridad que cumplen tranquilamente condena en su casa.

La rabia y el dolor vuelven a sentirse con una noticia que ha generado estupor entre varias voces de derechos humanos, el beneficio de salidas transitorias a Juan Carlos Fotea, uno de los responsables de la desaparición del gran periodista y escritor Rodolfo Walsh.

Mientras testimonios de sobrevivientes señalaron haber visto el cuerpo sin vida de Walsh el 25 de marzo de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura, y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de su cuerpo, Fotea gozará ahora de este privilegio.

No solo pesa sobre sus hombros la muerte del escritor de Operación Masacre, uno de los fundadores de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, también la de otras muchas víctimas, como las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.

Fue responsable del sector de Operaciones del Batallón de Inteligencia 601, encabezado por Raúl Guglielminetti, encargado a su vez de tareas de contrainteligencia en América Latina. Fotea fue sentenciado en 2011, en una larga lista en la que recibieron cadenas perpetuas otros 10 militares, y algunos quedaron absueltos en el caso de Walsh.

Suboficial de Coordinación Federal de la policía, donde entre otras cosas se colaboraba con las Fuerzas Armadas en el entrenamiento de técnicas para torturar, era miembro del temible grupo de tareas 3.3.2, la unidad que funcionó dentro de la otrora ESMA.

La decisión reciente de la Cámara Federal de Casación Penal, de incorporar al beneficio de salidas transitorias de la cárcel al genocida, generó gran estupor entre varias personalidades, desde la hija de Walsh hasta diputados y nietos robados durante la última dictadura militar (1976-1983)

Según trascendió, la Sala II de Casación anuló un fallo de primera instancia que había rechazado el beneficio para el exmiembro de la Policía Federal, acusado de crímenes de lesa humanidad, entre ellos la desaparición forzada del autor de ?Quien mató a Rosendo?

Los camaristas Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma se inclinaron por enviar el fallo nuevamente al tribunal oral federal número cinco para que dicte una nueva sentencia, lo cual en los hechos significa que el represor está a un paso de acceder al régimen de salidas transitorias, reflejó el portal Tiempo Argentino.

Patricia Walsh tenía apenas 25 años cuando asesinaron a su padre, uno de los grandes del periodismo y la escritura en Argentina y Latinoamérica. Un año antes había perdido a su hermana María Victoria, quien se quitó la vida tras ser rodeada por los esbirros de la dictadura en un operativo militar.

Hoy, con más de seis décadas de vida, Patricia sigue en su batalla por conocer el paradero de su padre. Incansable luchadora por los derechos humanos, desde su labor como diputada nacional (2001-2005) pudo anular la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, que le permitía ‘impunidad’ a los torturadores.

En este 2019, recibe la noticia que Fotea ahora tendrá el beneficio de salir transitoriamente de la cárcel y su reacción no se hizo esperar.

Fotea se fugó a España de donde años más tarde se logró su extradición. Fue sentenciado en el Tercer Juicio de la ESMA a 25 años de cárcel, se había pedido una condena perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetrados. Ahora, le dan salidas transitorias. Esto, dijo, se llama construcción de impunidad.

Dignifica un grado de libertad y es un genocida, subraya Patricia a Prensa Latina y señala que hay pocas fotos en internet de estos temibles personajes.

No es casual, dice. El modo en que ingresan los fotógrafos a las salas del juicio para hacer su trabajo conspira en contra del ejercicio profesional. Ingresan de a grupos, se los apura, y se dispone a los acusados de un modo que están incluso mezclados con sus abogados defensores.

Más allá de los muy señalados como (Jorge Tigre) Acosta, (Alfredo) Astiz y algunos más, el resto no tienen caras conocidas, se tapan el rostro o se ponen de costado cuando se los fotografía en la sala de los juicios, y estamos ya acostumbrados quienes somos querellantes, por las dificultades que advertimos a la hora de ponerle nombre a la foto de los genocidas.

Es parte también de la construcción de impunidad y de la denuncia que debemos hacer los trabajadores de prensa, con mucha dificultad para poder acceder a esos rostros, porque las caras de los genocidas, sobre todo si son liberados, deben ser publicadas más que nunca, señala la también periodista y luchadora por los derechos humanos.

Cuenta Patricia que la presencia de los genocidas en la sala del juicio es mínima. Van al comienzo del juicio y luego al final, cuando se dicta la sentencia. El tercer juicio ESMA, señala, duró cinco años.

El cuarto, donde ella encabeza una de las querellas bajo el nombre de Justicia Ya, junto con el sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse, lleva dos años. Es ya de larga data la tendencia creciente a darles prisión domiciliaria y ahora salidas transitorias, subraya.

La hija de Walsh señala cómo hoy se agrava en los casos en los que se les morigeran las condenas al ser sentenciados. En el cuarto juicio ESMA, el Tribunal Oral Federal 5 le otorgó la libertad a uno de los nueve acusados, en este caso de apellido Ferrari, alias Pantera.

Eso motivó una protesta nuestra, de Justicia Ya, que llenamos la sala del público denunciando esa libertad. Es un genocida, debe estar preso. Es un peligro para la sociedad que se encuentre en libertad, denunció la psicóloga y política.

Patricia adelantó que recurrirán en queja ante la Suprema Corte por este caso. ‘La construcción de impunidad, como a cuenta gotas, es una operación que cuenta con una planificación previa y la venimos denunciando hace ya años’,

También sumó su voz de rechazo la parlamentaria Myriam Bregman y Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos, quien calificó de gran impunidad los beneficios de salidas transitorias al responsable de tantas víctimas.

‘Todos lo sentimos como un ataque a la memoria de nuestros padres. Fotea pertenecía al grupo 33.2 que en 1977 asesinó a mis viejos en Uruguay y me secuestraron a mí, son muchos años peleando contra la impunidad’, señaló la activista por los derechos humanos.

Mientras los juicios orales contra acusados por crímenes de lesa humanidad siguen avanzando de a poco en el país, desde varios colectivos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo o los Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio piden condena para los asesinos y no más impunidad y beneficios a los represores.

martes, 24 de enero de 2017

LA MEMORIA NO SE CORRE - Por APDH Regional Rosario

El 24 de marzo de 1976 se usurpó  el poder estatal en nuestro país. Comenzó así la más sangrienta de las dictaduras del siglo XX, que perpetró un genocidio para imponer un modelo económico de hambre y exclusión de las mayorías populares,  profundizado aún más en los 90.

Lamentablemente, por estos días, quienes manejaban los hilos de aquella sangrienta dictadura llegaron al gobierno por primera vez por el voto popular. No es un dato menor, cuando la realidad nos muestra que avanzan a gran velocidad sobre las conquistas de las mayorías.-
Pero ese mismo 24 de marzo de hace más de 40 años, comenzó  a gestarse en forma inmediata la resistencia a los avances dictatoriales, esa resistencia que persiste hasta el presente y tanto nos enorgullece.

CAMBIAR EL FERIADO DEL 24 NO ES UN A MEDIDA INGENUA, resta valor a una fecha que está marcada a fuego en nuestra MEMORIA COLECTIVA. 
El gobierno actual comprende mejor que nadie el valor de los símbolos, recordemos sus "dudas" en relación al número de compañeras y compañeros desaparecidos. Y tantos otros gestos y provocaciones QUE PONEN EN DUDA EL GENOCIDIO, en un camino sinuoso y disimulado que lo justifica y  busca la impunidad de sus ejecutores.

La respuesta de APDH  Regional Rosario es, como siempre ha sido, sumarnos a las calles el próximo 24 y todos los que le sigan, independientemente de la fecha que el calendario oficial indique para conmemorar ese día bisagra en nuestra historia constitucional.

De no existir  las luchas y gestas de los organismos de DDHH, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles, organizaciones políticas, etc., no se hubiera proclamado feriado el 24 de Marzo como nuestro día de la Memoria , Verdad y Justicia.
Antes de su designación pública, hemos concentrado, gritado…marchando, escrachando,  pintando… disertado, llorado, puteado… escribimos, convencimos, discutimos, aclaramos, y seguíamos luchando por castigo a los genocidas.
Como siempre.

Hoy la conmemoración se ha ampliado.
 APDH, Madres de la Plaza 25 de Mayo, Abuelas,  HIJOS, LADH, Familiares de desaparecidos, Ex Detenidos Desaparecidos, M.E.D.H., CEPRODH…todos y todas  celebramos la participación de nuevos  colectivos, colegios, particulares. Y jóvenes, siempre miles y miles de jóvenes.
 Esta ampliación producto de nuestras luchas derivó al reconocimiento público del 24 de marzo en tanto Feriado Nacional Día de la Memoria , Verdad y Justicia.
Pero también fue mucho más allá. Nos dio la posibilidad de que las nuevas  generaciones nos  preguntaran porqué fue posible….

Por todo esto y mucho más, hasta que el último genocida sea enjuiciado y cumpla su condena en cárcel común, hasta que el último responsable, de uniforme o no, cumpla la debida condena, hasta que el último/a desaparecido/a nos sea devuelto o el último nieto robado recupere su identidad,   la APDH Regional Rosario, junto a las organizaciones hermanas,  los sobrevivientes y quienes ganan las calles año tras año, marcharemos para que la MEMORIA SE CONVIERTA EN VERDAD Y JUSTICIA.

Nuestra organización trabaja incansablemente en pos de estos postulados y esta afrenta presidencial sólo nos da más valor y aún más fortalecidos, continuaremos en las calles.

Las marchas en todo el país, y en Rosario en particular, pertenecen a quienes creemos que aquellos que impusieron las políticas de hambre a sangre y fuego, manejan hoy los destinos de la Argentina , y sabemos que ninguna conquista es inamovible, por el contrario requiere ser defendida sin cuartel, y podemos decir con orgullo que hace más de cuatro décadas estamos presentes en cada una de esas luchas.

Como siempre, redoblaremos esfuerzos para que la próxima marcha, que será masiva sin dudas, caminaremos gritando con una sola voz por la Memoria , la Verdad y la Justicia y contra todas las injusticias que atacan a la dignidad humana.
Para terminar con esas injusticias, vivieron , lucharon y murieron nuestro/as 30.000.-

NO OLVIDAMOS,  NO PERDONAMOS,  NO NOS RECONCILIAMOS

Norma Rios - APDH Regional Rosario
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Rosario,   23 de enero de 2017-

martes, 6 de diciembre de 2016

Reflexiones sobre del estado de los juicios a los genocidas a diciembre de 2016 TRANSICIONES Por HIJOS La Plata

 Para Enrique “Cachito” Fukman,
que nos enseñó el camino y sus dificultades.


En su texto de comienzos de la década pasada “Conflictos de la memoria en la Argentina” el reconocido historiador, psicólogo y ensayista Hugo Vezzetti afirma que en el surco de los Derechos Humanos sigue abierta “una recuperación pública y una edificación política y jurídica de la memoria y de una acción efectiva sobre el pasado”. (1) Vezzetti señala que en la experiencia argentina de constitución de una memoria social, que ha sido herencia de la dictadura, “en la intersección de memoria y política se sitúan las apuestas decisivas e inciertas de una formación duradera, equilibrada, de la relación justa entre memoria del pasado e imaginación y voluntad proyectadas al futuro”. Ninguno de esos elevados conceptos parecen representar un valor en esa suerte de conocimiento adquirido sobre lo que produjo la dictadura, y de lo que “quedó definitivamente atrás” como propio del Estado criminal, superación que se ha dado por sentada en cada uno de los gobiernos constitucionales en Argentina del '83 a la fecha.

Quienes conocíamos la performance del represor Daniel Scioli en la violación masiva de derechos en La provincia de Buenos Aires desechamos el año pasado el mal menor y el balotaje de los Derechos Humanos como rumbo político, porque sostenemos la independencia del Estado y los gobiernos como eje fundante. Sin desconocer lo que el triunfo de Macri auguraba, analizamos ahora las consecuencias de las políticas de una gestión que ingresó a la Casa Rosada instalando una falsa contradicción entre “lo pasado”, esto es un absoluto de crisis, conflicto y divisiones, y el “futuro” como un abstracto de unión y prosperidad que ellos vendrían a representar. Trasladada a las políticas de Derechos Humanos esa interesada dicotomía muestra a los actuales detentadores del poder estatal haciendo agua por varios flancos: desde las calurosas recepciones del secretario nacional del área, Claudio Avruj, a familiares y admiradores de varios reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, hasta las expresiones del gestor cultural Darío Lopérfido poniendo en duda el símbolo de los 30.000 desaparecidos, pasando por la negación de Macri de la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”, y con puntos álgidos en la visita del presidente Obama, Nobel de La Paz que bombardeó 7 países en 6 años, en una sentida fecha como el 24 de marzo, y la venia al desfile de los genocidas del Operativo Independencia en Tucumán en la conmemoración oficial del Bicentenario de la independencia, no hacen más que mostrar a los funcionarios del gobierno tal cual son y, si se permite la exageración, “piensan” los procesos de Memoria. Lo que el kirchnerismo no supo ni quiso impulsar presa de los propios límites y contradicciones de su intervención política (Carlos Pedro Blaquier y Cesar Milani, socios políticos de la gestión y testigos de lo que afirmamos), el macrismo lo atrasa. Atrasa porque no aporta en lo más mínimo a profundizar o cuestionar las representaciones habituales del pasado reciente y en su patriotismo de shopping abona a los perimidos argumentos típicos de la derecha como que pedir justicia es “buscar revancha”. Atrasa porque está lejos de interesarle plantear un marco de recuperación

y de sentido de la Memoria en el presente, y está más cerca de echar mano al lenguaje autojustificador castrense del Genocidio, que por otra parte le pertenece por una cuestión de clase. Y atrasa porque si en la última década el Estado vociferaba logros intentando impostar el lenguaje de las víctimas, lo que genera chispazos no menores cuando las voces de nuevas víctimas o sus familias reclaman contra la persistente omnipotencia del Estado, ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano, o mejor al nivel de lo que el español Ortega y Gasset llamaba “barbarie del especialismo”. (2) Si el filósofo fundó el término desde la derecha para analizar la irrupción social del hombre-masa y la atomizacion de la cultura en el siglo XX contra el conocimiento holístico, resulta que hoy las elites gobernantes de la tecno derecha en el siglo XXI se caracterizan por buscar representar la opinión del hombre medio, acrítica, anti-histórica y despolitizante, pero siempre desde el espacio de poder.

Los Juicios

En este contexto, el balance anual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 29 de noviembre de 2016 el Estado argentino sólo efectivizó 167 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 168 juicios hubo 1.033 procesamientos, y como resultado se dictaron 918 condenas sobre 712 represores, hubo 103 absoluciones, 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 5.015 víctimas. (Los guarismos pueden verificarse en la base de datos de HIJOS La Plata en www.hijosprensa.blogspot.com)

Esto quiere decir que en 10 años de juicios alrededor del 43% del total de los 2.400 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 38% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los 260 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 712 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, el 40% de los procesados y condenados goza del beneficio de la detención domiciliaria, y hay menos de 180 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes, donde según datos del Ministerio Público Fiscal a agosto de 2016 el 61 % de los 10.624 presos del Servicio Penitenciario Federal está encarcelado preventivamente, es decir sin condena, y donde 9 de cada 10 jóvenes adultos presos, generalmente por infracción a la ley 23.737, cumple la preventiva como ejecución anticipada de pena.

Con un pico de actividad en 2012 los juicios vienen decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21 en 2015 y sólo 15 procesos terminados a fines de noviembre de este año. Aún con varios procesos en curso con fecha de sentencia para diciembre, lejos se está de modificar la caída de los últimos años.

Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores.

Tampoco se avanzó masivamente en las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. En marzo pasado se condenó al empresario del transporte Marcos Levin junto a tres policías salteños por el secuestro y torturas de un chofer de la empresa La Veloz del Norte, y en abril recibió 12 años por encubrir homicidios y tormentos y como integrante de asociación ilícita el ex juez Roberto Catalán, en el proceso realizado contra Menéndez y otros jerarcas del 3er Cuerpo de Ejército en La Rioja que incluía el caso por secuestro y torturas de Plutarco Schaller, denunciante junto a otros sobrevivientes y a la familia de Ledo de Cesar Milani como integrante de las patotas de la represión en esa provincia. La efectiva indagatoria al general K, que como joven suboficial firmaba la deserción de soldados desaparecidos, se hizo esperar otro año y solo fue citado a dar explicaciones en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Respecto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 380 casos de restitución de identidad por resolver, sólo dos hechos fueron llevados a juicio este año, llevando a 22 los procesos específicos realizados en 10 años por aquel delito. En abril pasado fueron condenados en Santa Fe el policía Juan Perizotti y el ex juez Luis María Vera Candiotti por la apropiación de María Carolina Guallane. En el caso de Candiotti también se lo sentenció por prevaricato en un juicio que incluyó otros 20 casos de secuestros, torturas y homicidios. También en Santa Fe pero en septiembre pasado, se condenó a la apropiadora, hija de un civil de inteligencia de Fuerza Aérea, y a la médica que facilitó la entrega en el caso de José Luis Maulin Pratto, nieto recuperado 120 que debió dar una dura batalla por recuperar su verdadero apellido.

También tuvieron sentencia este año importantes procesos que van completando el complejo esquema real de la represión del Plan Sistemático de exterminio desplegado en todo el país en dictadura. El juicio por los CCD La Ribera y La Perla, que incluía 716 casos registrados desde fines de 1975 y sobre un amplio arco de represores militares, policiales, penitenciarios y civiles de inteligencia, arrojó un fallo con 38 condenas, la mayoría a perpetua, y con 5 represores absueltos de todos los cargos. Se trata del juicio más importante de Córdoba, del 3er Cuerpo de Ejército y de todos los concluidos hasta ahora en estas causas, siempre en término de la cantidad de víctimas.

El proceso específico por el “Plan Cóndor”, que antes sólo había sido revisado parcialmente en causas por los CCD “A.B.O.”, “Automotores Orletti” y “Vesubio” llegó a su fin en mayo pasado con 15 condenas sobre 109 víctimas, en su mayoría por asociación ilícita y tormentos dada la coordinación represiva que significó el operativo, aunque también arrojó dos absoluciones.

Tras distintas postergaciones, concluyó en mayo el juicio por el secuestro y homicidio en 1983 de los militantes de Montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Las condenas a los jefes militares Pascual Guerrieri y Luis Muñoz y a los policías Luis Patti y Juan Spataro compensan una causa que se inició sobre el final de la dictadura y que había sido manipulada y cerrada en procura de impunidad. Sin embargo las absoluciones de los jerarcas Reynaldo Bignone, Rodolfo Rodríguez y otros policías señalados en el caso hicieron incompleto el sentido del fallo.

El único proceso realizado por los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando del V Cuerpo del Ejército, denominado “La Escuelita 4” fue un verdadero bochorno. El proceso volvió a sentar en el banquillo a varios de los condenados en 2009, 2012 y 2014, pero con imputación por 28 casos distintos tanto de los CCD "La Escuelita", como la comisaría 24° de Cipolletti y delegaciones de la Policía y Servicio Penitenciario federales y de la Gendarmería. Los jueces Guido Otranto, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido probaron delitos gravísimos, de hecho es la primera vez que se dictan condenas en Neuquén por el homicidio de personas que permanecen desaparecidas, pero solo aplicaron una perpetua al jefe de la subzona militar, más 12 condenas menores de entre 4 y 10 años a connotados represores como Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Gustavo Vitón e Hilário Sosa, y hasta dos condenas a 3 años en suspenso para probados integrantes de las patotas de la zona y con el polémico criterio de ser coautores en solo 1 caso. Además absolvieron a 4 represores, coincidentemente nuevos imputados, por beneficio de la duda.

Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, aunque este año comenzó a juzgarse la megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán y recibieron condena en CABA 5 represores de la Triple A, entre ellos Jorge Conti, Carlos Villone y Julio Yessi, en una causa por asociación ilícita con penas menores. Con igual ambivalencia, está por llegar a sentencia el juicio contra un importante grupo de genocidas de la CNU en Mar Del Plata, pero se frustró dos veces el inicio de la causa contra dos represores de ese grupo de la derecha peronista en La Plata.

LAS NOVEDADES

La verdadera mala nueva sobre la revisión de los crímenes del Terror de Estado fue el infame fallo del 9 de junio de este año donde la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y disidencia de Ana María Figueroa, decidió anular la sentencia de 2013 sobre la Masacre de Capilla del Rosario, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ponerlos en libertad. (3) En lo esencial Riggi y Catucci consideraron que los hechos no encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral".

En principio cabe destacar que estos dos jueces opinantes fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Pese a que hace años hay elementos en las autopsias que demuestran que hubo ejecuciones (repetidos balazos en tórax y nuca), es interesante detenerse en la valoración que realizaron los jueces del contexto en el que se sucedieron los hechos, esto es agosto de 1974, ya muerto Perón y gobernando Isabel Martínez. El doctor Riggi opinó que si bien había un clima de violencia y se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas, en todo caso el Estado respondía como contrapartida y con “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas”. Es más, citó profusamente el discurso de Perón tras el ataque al cuartel de Azul en enero del '74, no solo en cuanto afirmaba que el gobierno nacional atacaría “al mal en sus raíces, echando mano a todos los medios y movilizando todos los recursos necesarios”, sino también cuando señalaba que “el movimiento nacional justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo”. Por su parte la doctora Catucci entendió que el suceso no se corresponde con un plan sistemático, descalificó a los testigos por conceptuarlos partícipes de hechos delictivos y llegó a decir que “sin desconocer que el resultado letal de muerte de los individuos que no lograron huir como sus compinches (SIC) y que es lo que llevó a percibirlos crímenes de lesa humanidad, esa concepción no puede asentarse en el resultado sino en todas las circunstancias que permitieron apreciar las diferencias con aquéllos”.

El fallo es un alerta importante porque se trata de un tribunal federal de segunda instancia, que revisa lo actuado en primera instancia por los tribunales orales, y que ha argumentado con inconsistencias y arbitrariedades varias. La discusión que se abre con este fallo sobre el carácter real de los delitos investigados, porque todavía hay resistencias judiciales a reconocer plenamente que hubo crímenes de Estado entre 1973 y 1976 y que esos crímenes son delitos de lesa humanidad, con todo lo que la definición conlleva. Si no fueron crímenes de lesa humanidad, como pretenden Riggi y Catucci, fueron crímenes de guerra, que tampoco prescriben. La mayor paradoja de este fallo, que ya ha sido apelado por las querellas del juicio y recurrido por el Fiscal General, es que se pronuncia justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, y principalmente por tratarse de una gestión constitucional, que es desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos. Es allí donde aparece el verdadero “elemento político” de los fallos en este tipo de juicios.

Pero sabemos que este tema lleva a un dilema político. Así como el alfonsinismo negoció y puso un freno a la investigación de los crímenes de la dictadura con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la gestión menemista intentó sembrar la impunidad superlativa y perdonando con indultos desde el Estado y con pretensión de igualdad a los asesinos de la dictadura, a los criminales de la guerra de Malvinas y a los compañeros militantes con causas pendientes por su actividad política en los '70. En 2007 una verdadera caja de Pandora se abrió cuando el impresentable juez Espartacus Oyharbide pretendió citar a indagatoria a Isabel Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A, y la ciudad de Buenos Aires apareció afichada con carteles firmados por la CGT, la Fraternidad y las 62 Organizaciones que rezaban: '”No jodan con Perón”. Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad no pueden ser nuevamente el límite de otro pacto político de impunidad. La responsabilidad del gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son ya innegables. Es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes. (4)

La Plata como TUBO DE ENSAYO

Para La Plata el 2016 fue un año de disputas más que de concreciones. Por un lado se realizaron los juicios por las desapariciones de Daniel Omar Favero y Paula Álvarez, que debería haber formado parte del juicio “Circuito Camps” de 2012, se condenó al represor del Regimiento 7 del Ejército Lucio Ramírez por 2 homicidios y un secuestro en casos residuales del juicio “Unidad 9” de 2010, y finalmente se inició el primer proceso en nuestra ciudad contra agentes de la Policía Federal por un raíd represivo de tres homicidios y tres desapariciones en octubre de 1977, causa que tiene muertos impunes y un prófugo como revés.

Por otra parte sucede que el 2016 comenzó en La Plata con el otorgamiento masivo de domiciliarias a los condenados a fin de 2015 en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5” y a otros represores como jefe de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense en dictadura, Horacio Elizardo Luján, con dos condenas a perpetua a cuestas; al ex integrante del Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, que estuvo prófugo 4 años y fue capturado en Panamá; al ex integrante de las patotas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan. Si en el juicio FT5 sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya La Plata se había logrado poner las cosas en su preciso lugar y sentenciar por primera vez en estos procesos a los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio, a tres meses de aquel fallo la sala II de Casación (jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma) benefició a la mayoría de los condenados con la domiciliaria fundando la decisión en razones humanitarias genéricas y sin tener en cuenta que han sido responsables de delitos gravísimos.

A través de este año también se desenvolvió el conflicto de poder desatado en el Tribunal Federal 1 de nuestra ciudad, el único que venía realizando los procesos orales y con un desempeño cada vez menos parejo. La renuncia del juez Carlos Rozansky y el cambio de composición del tribunal no auguraron avances ni mejoras. De hecho el nuevo TOF1, con Germán Castelli, Jorge Michelli y Roberto Lemos Arias, se despachó en agosto con un fallo favorable al otorgamiento de la domiciliaria al símbolo de la represión en nuestra zona, el múltiples veces condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, extinto de acción penal en la apropiación de Clara Anahí Mariani Teruggi y principal señalado en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez. Echando mano al seudo argumento de la “razón humanitaria” el tribunal se dejó llevar por la manipulación de los informes periciales de parte de la defensa del represor, que quería devolverlo a su chalet de Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas de la ciudad de Mar del Plata. Sólo con la movilización popular y con solidez en los planteos unificados en los recursos de las distintas querellas de los organismos de DDHH logramos visibilizar la gravedad de tamaña decisión. En noviembre pasado Casación anuló el fallo del tribunal platense (votos del joven manos de pliegos Mariano Borinsky y del menemista Gustavo Hornos, con disidencia del juez K Juan Gemignani) y sostuvo que “las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja", que es lo que varias querellas planteábamos como criterio general desde el comienzo de la cuestión.

En un contexto donde el propio Ministerio Público Fiscal reconoce en sus informes que en la “década ganada” el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario (más de 400 genocidas), (5) y donde pocos tienen en cuenta que hasta el represor con más condenas en el país, Luciano Menéndez con 13 perpetuas y dos condenas menores, goza del beneficio de vivir en un casa, éste es el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en estos juicios: ser una mera formalidad.

En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

Con esto suman 85 los genocidas condenados en La Plata en 15 juicios desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.

Pero además hay en La Plata unas 17 causas fragmentadas en instrucción, entre ellas las relativas a las Brigadas de Investigaciones de Lanús, Quilmes, Banfield y San Justo, con procesamientos que repiten los mismos imputados y que en definitiva incluyen nada más que 8 decenas de represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.

Con la causa por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, de la que se cumplieron 10 años de encubrimiento en septiembre, como elemento de impunidad que trasunta estos procesos de revisión del pasado reciente, comienza a dibujarse un panorama donde, si en algún momento los juicios de la ciudad de La Plata eran el faro para avanzar contra tanta impunidad acumulada, hoy nuestra jurisdicción muestra los límites generales del proceso de una pretendida “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.


(1) Hugo Vezetti, “Conflictos de la memoria en la Argentina. Un estudio histórico de la memoria social”, en http://historizarelpasadovivo. cl/downloads/vezzetti.pdf
(2) Jose Ortega y Gassett, “La barbarie del especialismo”, en “La rebeli'on de las masas”.
(3) Fallo completo en www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU -155067258.pdf
(4) Mas detalles en http://hijosprensa.blogspot.co m.ar/2016/08/los-verdaderos-so ldados-de-peron-al_18.html
(5) http://www.fiscales.gob.ar/les a-humanidad/imputados-detenido s-segun-tipo-de-detencion/


Seguimos exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

CARCEL COM'UN, PERPETUA Y EFECTIVA.

BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.

HIJOS LA PLATA

viernes, 26 de agosto de 2016

Polémica en Argentina: Los represores a sus casas. Declaraciones de Carlos Zaidman (AEDD)

23 Ago 2016

Buenos Aires, Argentina. AFP.

Cárcel común o prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura (1976/83) suscita polémica en Argentina, luego de que un tribunal otorgara ese beneficio al emblemático ex jefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a perpetuidad. Dos jueces de la ciudad de La Plata (sur) concedieron el viernes la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 87 años, alegando “cuestiones humanitarias” o simplemente su avanzada edad, y generaron indignación entre víctimas directas, testigos en los juicios y organismos de derechos humanos.

El ex policía, que inició el 26 de julio una huelga de hambre, sigue preso porque la vuelta a su domicilio le fue denegada en otra causa. Desde que en el 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, tres años después de la anulación de las leyes de amnistía, los organismos humanitarios han bregado por “cárcel común y efectiva” para procesados y condenados.

Carlos Zaidman, una de sus víctimas, señaló a la AFP que el beneficio para los represores “no es nuevo, pero es un salto de calidad. Etchecolatz es emblemático, es como si lo dejaran ir a su casa a Alfredo Astiz”, el ex marino que infiltró a las Madres de Plaza de Mayo y fue condenado entre otros por el asesinato de dos monjas francesas y una joven sueca en 1977, advirtió.

“No estamos hablando de un viejito bueno y arrepentido, sino que está demostrado en los juicios que es un asesino serial, que ha secuestrado y torturado a miles y ha robado bebés”, advirtió Zaidman, de 64 años, sobre el ex jefe de inteligencia de la provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años tienen en Argentina derecho a la prisión domiciliaria por razones de salud, pero no se aplica de manera automática y depende de cada tribunal. De los 1.056 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. El resto está hospitalizado o en otras dependencias.

50 detenciones domiciliarias en era Macri


En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó “una aceleración”, dijo Zaidman. “Hay una política del gobierno de desandar lo caminado, un retroceso muy fuerte en derechos humanos y sociales”, consideró ayer el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar la cifra de 30.000 desaparecidos y decir en campaña que iba a “terminar con el curro (robo) de los derechos humanos”. Los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015, peronistas de centroizquierda), que impulsaron los juicios por delitos de la dictadura, dividieron aguas entre aliados y detractores en las organizaciones humanitarias.

sábado, 30 de julio de 2016

ETCHECOLATZ DEBE CUMPLIR CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA

Los abajo firmantes manifestamos nuestro más enérgico repudio a la concesión de arresto domiciliario para el genocida Miguel Etchecolatz por parte los jueces subrogantes Germán Andrés Castelli, Roberto Agustín Lemos Arias y Jorge Michelli.

Condenado a cadena perpetua, pretende el represor el privilegio de ser trasladado a su domicilio por "razones de salud", las mismas que se le niega sistemáticamente a miles de presos en las cárceles del pais.

Entiende el tribunal que este genocida no presenta peligro de fuga ni entorpecerá en las otras causas en las que está siendo juzgado. Olvidan estos jueces, que Jorge Julio López permanece desaparecido y la relación manifiesta, aunque no investigada entre dicho represor y la segunda desaparición de López.
Este nuevo paso en dirección a una pretendida "reconciliación" auspiciada desde las más altas autoridades gubernamentales y el propio Vaticano, encontrará en los que luchamos durante 40 años por Memoria, Verdad y Justicia, la más férrea de las resistencias.


CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.

NO HABRÁ NI OLVIDO, NI PERDÓN, NI RECONCILIACIÓN.

A 10 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ,NO PASARÁN !!!


Primeras firmas:

AEDD-Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
APEL - Asociación de Profesionales en Lucha
APEMIA -Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia.
CADEP-Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
CEPRODH – Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
CMM-Colectivo Memoria Militante
CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
EATIP-Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial
LIBERPUEBLO-Asociación por la Defensa de la libertad y los Derechos del Pueblo.


 Organizaciones de Derechos humanos


Capoma -Centro de Accion Popular Olga Marquez de Aredez.
Cátedra libre de Salud y Derechos Humanos.
Familiares y amigos de Luciano Arruga.
Frente por los DD HH y la Dignidad de Mar del Plata.
H.I.J.O.S zona oeste.

HIJOS - La Plata 

Organizaciones Gremiales, Sociales y  Políticas

AGD UBA-Asociación Gremial Docente de la UBA.
CTA de los Trabajadores Pcia. De Buenos Aires.
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.
Trabajadores Sociales en La Roja En San Isidro.
Corriente Nacional Emancipación Sur.
Convergencia Socialista La Verdad.
CUBa-MTR – MIDO.
Corriente de Organizaciones de Base La Brecha .
FOB Regional BS AS.
La Retaguardia - Periodismo Social.
Organización Política Hombre Nuevo.
TPR-Tendencia Piquetera Revolucionaria.

Desde el exterior
Casapueblos
Solidaridad Obrera

Personales
Ana Bianco
Claudio Francisco Capuano
Nora Ciapponi
Ileana Celotto-Santiago Gándara-AGD-UBA
Hugo Russo-Daniel Pérz Guillén –CTA de los Trabajadores Pcia. De Buenos Aires.
Pablo Piatigorsky





martes, 10 de mayo de 2016

Al Congreso de ATE: que expulsen al colaborador Juan Carlos Marín, de la dictadura genocida

Al Congreso de ATE
Al compañero Secretario General de ATE Provincia


Desde la Asociación de Ex  -Detenidos Desaparecidos (AEDD) queremos reiterar el pedido realizado por Justicia Ya La Plata solicitando se expulse del gremio a Juan Carlos Marín por su colaboración y por lo tanto participación durante el genocidio perpetrado por la dictadura en la zona de  Ensenada y Berisso.

Queremos recordar a este Congreso que los juicios en los que hemos demostrado el accionar genocida y por tanto condenar a un grupo de los represores, fueron construidos gracias a las declaraciones de los que pudimos salir del infierno de los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, así como el de familiares y vecinos de las víctimas. Por lo tanto para nosotros a priori de cualquier fallo o actuación judicial, estos testimonios son prueba suficiente para sindicar a los culpables.

Durante el juicio contra Fuerzas de Tareas 5 sustanciado en el TOF 1 de La Plata , en base al testimonio de 13 de estos testigos se envió al Juzgado de Instrucción el caso de Marín y otros jerarcas de Astilleros, el Supe y la UOM y el Sindicato de la Carne.

Queremos a manera descriptiva transcribir una parte del testimonio de Diomisio Puz, trabajador de Astillero Río Santiago que en la décima audiencia del juicio  señaló la estrecha relación entre la burocracia sindical y las fuerzas represivas del Estado; Dionisio contó, además, que la cúpula sindical colaboró con las fuerzas represivas aportado listas negras sobre los trabajadores. “Colaboraron con las Fuerzas Armadas, actuaron de colaboracionistas”, dijo Dionisio; rol que se comprueba también en otros testimonios en este juicio. Un dato que arroja luz sobre el asunto es que las personas que ocupaban puestos en la cúpula sindical no fueron afectadas ni desaparecidas por el aparato genocida activado por el Estado. Incluso siguieron ocupando sus puestos de poder posteriormente, durante los gobiernos constitucionales, como es el caso de Juan Carlos Marín, actualmente en funciones. La dirección patronal de ARS, las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical estaban de acuerdo y sumaron fuerzas contra los trabajadores.

Respecto del sindicato, recordó varios nombres: Averginau, Morales, Marín; este último fue quien acusó a la compañera Ana María Nievas en una comisaría. Nievas hizo luego la correspondiente denuncia contra Juan Carlos Marín. También recordó que “a los trabajadores nos sacaron con amenazas y armas cuando estábamos elaborando el convenio colectivo que hoy está vigente”.

Desconocemos la potestad de este Congreso para expulsar a Marín, pero de ser imposible por que así lo marcan los estatutos solicitamos que se denuncie públicamente el accionar de este durante la dictadura, que conste en actas que fue tratado este tema y que se arbitren los medios para instar a la justicia a que se lo procese y sea enjuiciado.
Sin más y en la seguridad en que seguiremos trabajando juntos en pos de la denuncia y la lucha contra las violaciones a los DDHH de ayer y de hoy, saludamos a este congreso.

                                      ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

martes, 3 de mayo de 2016

Comunicado de la AEDD frente a las amenazas a una estudiante de la Facultad Medicina de UNLP

Comunicado de la ASOCIACIÒN DE EXDETENIDOS DESAPARECIDOS (AEDD)

Al Sr. Presidente de  de la UNLP  Lic. Raúl Anibal Perdomo
AL SR: Vicepresidente del Área Institucional de la UNLP  Dr. Fernando Tauber                   
A la Vicepresidencia del  Área Académica de la UNLP  Prof. Ana María Barletta 
A la Sra. Decana de la Facultad de Cs. Médicas de la UNLP   Prof. Dra. Ana Lía Errecalde                                                                                                                                         
A los integrantes del Consejo Directivo de la facultad de Médicas de la UNLP                 
A la Cátedra Deontología y Medicina Legal de la UNLP                                                 
A la Federaciòn Universitaria de la UNLP                                                                                 Al Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs. Médicas de la UNLP                                 
 A la compañera Josefina Adobbati

Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) repudiamos al Consejero Directivo y docente de la Facultad de Cs. Medicas de La Plata, Jorge Luis Castillo, por la utilización de una pregunta en forma amenazante a la estudiante Josefina Adobbati cuando estaba rindiendo un final. Castilllo, quien no estaba tomando examen pero al ver que Adobabati estaba rindiendo,  la inquirió sobre si conocía los efectos de las heridas producidas por la aplicación de picana eléctrica con términos como “vos tenés que saber que es una picana, hoy hablaste en el Consejo Directivo de los Derechos Humanos y los desaparecidos” como también “si te llega un desaparecido a la guardia con lesiones de una picana (…)”.

La consejera estudiantil y ex presidente del Centro de Estudiantes, Josefina Adobbati, el día 20/4/16 fue parte de la presentación desde el claustro estudiantil por la mayoría, que llevó la propuesta para que se retire de la Sala del Consejo Directivo, el cuadro de García Mutto, el decano interventor durante la última dictadura cívico-militar.

El doctor Castillo continuando con la "tradición" de la agrupación Hoja de Roble, de la cual es miembro, se sintió molesto al igual que cuando el genocida y ex vice decano de esa facultad, Pérez Albizu fue exonerado por la UNLP, en forma inmediata,  de todos los cargos docentes y como funcionario académico e iniciándole  un juicio académico y acciones legales correspondientes a investigarlo por su accionar durante la última dictadura. 

Instamos al Dr. Castillo, ya que evidenció tener conocimiento de hechos de estas características durante las guardias médicas,  a que informe si estando él en alguna de estas o como profesional en alguna otra instancia, recibió algún paciente que estaba en condición de desaparecido o  con heridas equivalentes a haber padecido la tortura por acción de "picana eléctrica" y si informó, como es su obligación, de esa situación de violencia a las autoridades competentes, para no incurrir en el delito de encubrimiento,  recordándole que  el Código de Procedimiento en lo Penal impone a los profesionales del arte de curar la obligatoriedad de denunciar los delitos de acción pública según normativa impuesta por el art. 177 que dice: ...“ Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1- Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 2- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión...” .

En nuestra condición de haber sido víctimas de la desaparición forzada y de torturas, nos solidarizamos con  Josefina Adobbati, haciendo nuestro también el reclamo del Centro de Estudiantes de dicha facultad exigiendo el retiro del cuadro del interventor de la dictadura así como del cese de la discriminación y la persecución política en dicha casa de estudios.  

Contactos:

Nilda Eloy tel. 221-155865035
Carlos Zaidman tel. 221-155731407

lunes, 28 de marzo de 2016

DOCUMENTO DEL EMVJ - 24/03/16


Compañeras y compañeros

Hoy se cumplen 40 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. Este aniversario tiene un enorme valor simbólico.

Estamos en la Plaza, como lo hemos hecho sostenidamente durante cuatro décadas, para repudiar el golpe que instaló la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Más que nunca, nuestra cita es hoy con la memoria rebelde, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30 mil compañeras y compañeros detenidos - desaparecidos, a sus sueños de conquistar un país sin opresión ni explotación, ratificando el compromiso y la unidad en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy y por los derechos de los trabajadores y el pueblo.

Repudiamos hoy la presencia de Barack Obama, presidente de la principal potencia imperialista, responsable del sufrimiento de millones de personas en el mundo y también del pueblo argentino.

Estamos aquí, frente a un nuevo gobierno, el de Macri, con su política de ajuste, entrega y represión y su planteo de “reconciliación”, contrario a la memoria, la verdad y la justicia.

Hoy, a 40 años del golpe, repudiamos, a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.

Repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños, como paradigma del terror; el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños. Genocidio que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias, que habían ganado las calles a partir del Cordobazo.

La dictadura puso en marcha una maquinaria genocida sólo comparable con la Alemania nazi. Cada ciudad importante del país contó con campos de concentración, tortura y exterminio a cargo de las fuerzas armadas y de seguridad.

Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.

Repudiamos a los grupos del poder económico, al sector financiero, a los grandes empresarios, a los terratenientes, que planificaron y financiaron el golpe.

Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.

Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo:

¡¡ Exigimos justicia !!

¡¡ No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos !!

Este 24 de marzo estamos frente a un nuevo gobierno. Macri, en los primeros 100 días, ha marcado una clara direccionalidad de su política: Ministerios cubiertos por gerentes de grandes empresas y bancos. Ajuste, con despidos, tarifazos y más inflación. Entrega, con el arreglo con los fondos buitres. Todo para los de arriba, nada para los de abajo. Represión, con un protocolo que pretende sacar de las calles la presencia combativa de los trabajadores ocupados y desocupados y el conjunto del pueblo. Impunidad, actualizando la teoría de los dos demonios y llamando a la reconciliación. La presencia de Obama en la Argentina, verdadera provocación a la memoria colectiva, se corresponde con esta política.

El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas. Enfrentamos, construyendo memoria, todas las políticas de olvido, de impunidad, de criminalización de la protesta y de la pobreza impulsadas por los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura.

Hoy se cumplen 20 años de la conformación del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, verdadera multisectorial independiente de los gobiernos y referente fundamental en la lucha contra la impunidad de los genocidas, contra la represión y la criminalización de la protesta, por la vigencia de las libertades democráticas.

¡¡ Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy !!!

¡¡ Fuera Obama de Argentina !!!

¡¡ No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales !!!

La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que volteó al gobierno de De la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese logro histórico que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín. Así se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas.

Los juicios a los genocidas son una conquista extraordinaria de la movilización popular y no de ningún gobierno. Hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país.

Sin embargo, el resultado es de sólo 662 condenas. En muchos casos se repiten los condenados. Es el caso de Luciano Benjamín Menéndez, quien ya tiene en su haber más de 16 sentencias. Si consideramos que hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, a lo largo y ancho del país, las condenas alcanzan apenas la proporción de poco más de un genocida por campo de concentración. Los juicios a los genocidas se desarrollan a cuentagotas, de manera fragmentada, la mitad de los genocidas condenados, hoy gozan de prisión domiciliaria.

Los socios y cómplices civiles de la dictadura -empresarios, jueces, políticos- permanecen impunes. De la misma manera que los crímenes de la Triple A y de las otras bandas fascistas.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que disponían de los recursos políticos para agilizarlos, no lo hicieron y así en cada uno de estos juicios nos enfrentamos a un aparato judicial que actúa como garante de la impunidad.

Denunciamos que el Estado continúa ocultando los archivos de la dictadura militar. La desclasificación prometida fue una farsa. Los documentos difundidos por el Ministerio de Defensa eran ya conocidos o directamente irrelevantes. Exigimos la apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia, y de la Iglesia.

Por otra parte, el kirchnerismo se negó a tratar los indultos, declarados inconstitucionales tiempo después por la Corte Suprema de la Nación.
El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios se sustancian exclusivamente con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares.

La segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López fue encubierta por el gobierno kirchnerista que no tomó ninguna medida para investigar a la bonaerense, ni a los servicios de inteligencia.  A 10 años, los responsables políticos y materiales siguen impunes.

¡¡ Exigimos su aparición con vida y castigo a los culpables !!!

Si algo desnuda el doble discurso de la etapa de los gobiernos kirchneristas es la continuidad en funciones de miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia, que actuaron bajo la dictadura. Los casos paradigmáticos han sido el nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército, la sanción de las leyes antiterroristas, las represiones de Berni y el proyecto X.

Con el nuevo gobierno volvieron a asomar la cabeza los partidarios de la “teoría de los dos demonios” y las operaciones para terminar con los juicios. Los funcionarios macristas, hablan abiertamente de reconciliación. El Secretario de DD. HH., Claudio Avruj, propone mandar a los genocidas condenados a sus casas y recibe a los familiares de los militares genocidas como si fueran víctimas. En el mismo sentido, Lopérfido niega la existencia de 30.000 detenidos - desaparecidos.

Macri nombra a genocidas como funcionarios de su gobierno. El caso más grave es el del Coronel retirado Osvaldo Tosco, designado director general de política internacional del Ministerio de defensa, quien participó del Operativo Independencia y fue instructor sobre métodos de tortura en Mar del Plata durante la dictadura.

Macri pretende lavarle la cara a su gobierno y a los gobiernos imperialistas de Hollande y Obama, paseando con ellos por el Parque de la Memoria.

No les será fácil avanzar en ese camino. Así como los trabajadores de prensa se rebelaron contra la editorial pro amnistía del diario La Nación, estamos en esta plaza demostrando que somos miles los que seguimos luchando contra la impunidad.

Más que nunca, 30.000 compañeros y compañeras detenidos - desaparecidos ¡ presente ! ¡¡ Ahora y siempre !!.

¡¡ Apertura de los archivos de la dictadura !!

¡¡ Cárcel a todos los genocidas por todo los compañeros !!

En este 24 de marzo repudiamos la presencia en la Argentina, de Barack Obama, máximo representante político del imperialismo yanqui. El gobierno de EE. UU. apoyó activamente el golpe, junto a otras potencias imperialistas, y promovió dictaduras en todo el continente.

Obama se encuentra en nuestro país para apuntalar el acuerdo del gobierno de Macri con los fondos buitre y para impulsar nuevos acuerdos de cooperación entre las fuerzas de seguridad locales con el FBI y la DEA. Obama trae bajo el brazo un reforzamiento represivo y un mayor vasallaje en materia militar.

La desclasificación de todos los archivos sobre la dictadura es uno de nuestros reclamos históricos, que no debe ser materia de negociación con los representantes imperiales sino una exigencia incondicional. El gobierno de Obama, que los mantuvo secretos, ahora los ofrece como promesa para apuntalar el operativo de reconciliación del gobierno de Macri. No hubo guerra sucia, como dice el Departamento de Estado, sino un genocidio al que el imperialismo yanqui brindó su apoyo.

Los yanquis son los ideólogos del involucramiento de las fuerzas armadas en la represión interior, que comenzó en el gobierno anterior en nombre de la “lucha contra el narcotráfico” a través de operativos como el “Escudo Norte” y de la militarización de las barriadas populares.

Las leyes antiterroristas, aprobadas a instancias del GAFI, durante los gobiernos kirchneristas, para reprimir la protesta, son mantenídas por el gobierno de Macri, que profundiza este rumbo, decretando la emergencia en seguridad.

¡¡ Fuera Obama de Argentina !!

¡¡ Fuera los imperialismos de América Latina !!

Durante estos años, desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia unimos las banderas de lucha de nuestros 30 mil desaparecidos con las de las generaciones actuales.

Nos une la defensa del derecho de los trabajadores y del pueblo: el derecho a luchar. Sin él, no hay derecho alguno.

El “protocolo” Macri - Bullrich -que suscribieron la mayoría de los gobernadores- es un ataque directo al derecho a la protesta. El “protocolo” apunta a reprimir, perseguir y encarcelar a los luchadores obreros y populares que salen a enfrentar el ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. También amenaza la cobertura periodística de los conflictos para garantizar la impunidad del accionar represivo.

Macri prepara los palos, como los que ya sufrieron los obreros de Cresta Roja, los municipales de La Plata, los docentes de Santiago del Estero, los trabajadores de la construcción y municipales de Santa Cruz, los compañeros de ATE Mendoza, los militantes de organismos de DD. HH., estudiantiles, de trabajadores, perseguidos por el gobierno de Morales en Jujuy, los familiares de Ängel Verón en el Chaco.

Exigimos la investigación inmediata de la muerte, el 18 de marzo, del piquetero Pablo Moreno, en Tartagal, Salta, que estaba detenido junto a otros 4 compañeros desde septiembre de 2015.

¡ Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales !

Una de las manifestaciones de la política macrista de criminalización de la protesta ha sido la detención ilegítima e ilegal de Milagro Sala, presa desde el 16 de enero por encabezar un acampe frente a la gobernación de Jujuy, contra el gobierno provincial. También se encuentran detenidos en Salta, desde el 8 marzo, por el gobierno de Urtubey, el compañero Nelson Salazar, de la Corriente Clasista y Combativa, y numerosos compañeros, por luchar por techo, tierra y trabajo

¡ Exigimos su inmediata libertad !

Rechazamos el “protocolo” macrista del mismo modo que, durante los gobiernos K, repudiamos los proyectos anti piquete, las condenas a cadena perpetua contra los petroleros de Las Heras, las 21 condenas a los docentes y camioneros de Tierra del Fuego y su exoneración del Estado, la represión a los trabajadores de Lear, procesados hace unos días junto a los dirigentes que apoyaron el conflicto.

Denunciamos las facultades otorgadas por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a las policías Federal y Metropolitana para detener a cualquier persona por portación de rostro y a utilizar las pistolas Taser; denunciamos el regreso de las patotas del gobierno porteño contra las personas en situación de calle, a las que expulsan violentamente de sus ranchadas.

Denunciamos que, a 22 años de la masacre de la AMIA, el gobierno de Macri no se propone esclarecer el atentado. Bajo la presión de DAIA, de AMIA y el Estado de Israel, impulsa un "juicio en ausencia" contra los iraníes para imponer condenas formales en ausencia de acusados, de testigos y de pruebas. Quieren dar por cerrado el tema del atentado sin investigar la responsabilidad del Estado para ratificar la vieja historia oficial. El juicio oral que el gobierno de Cristina Kirchner presentó como si fuera contra el encubrimiento de Menem, la SIDE y Galeano ya está agotado y se sustancia con los archivos secretos cerrados, mientras Stiusso no va a declarar ni siquiera como testigo.

Para conocer la Verdad y lograr Justicia, es hora de constituir una Comisión Investigadora Independiente, con acceso irrestricto a todos los archivos secretos.

Desde esta plaza denunciamos que el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a José Pedraza, condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Mariano Ferreyra y las tentativas de homicidio de Elsa Rodíguez y otros compañeros, constituye otro eslabón en la cadena de impunidades. Pedraza cumplió en la cárcel apenas un tercio de su condena.

¡ Reclamamos cárcel común y efectiva para José Pedraza y para todos los responsables políticos y empresarios del crimen de Mariano Ferreyra !

También exigimos que no se cierre el juicio a los responsables políticos del asesinato de Carlos Fuentealba

¡ Juicio y castigo a Sobisch !

Los familiares de las víctimas de la masacre de Once lograron la condena de buena parte de los funcionarios y empresarios responsables de la muerte de 52 personas y centenares de heridos. Pero detrás de Jaime y los Cirigliano se encuentra Julio De Vido, arquitecto de todos los negociados que enriquecieron a los vaciadores del sistema ferroviario.

¡ Castigo a todos los responsables y que se nacionalicen los ferrocarriles bajo control de sus trabajadores y el pueblo !

¡ Alzamos también nuestra voz por los más de 4.000 compañeros procesados por luchar !

Por los compañeros asesinados en luchas y movilizaciones populares durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura, por Darío y Maxi, por los 4.644 asesinados por “gatillo fácil” y torturas en cárceles y comisarías y por los más de 200 jóvenes desaparecidos, como Luciano Arruga, en los últimos gobiernos constitucionales, ¡ exigimos Justicia !

Por los hermanos qom asesinados en Formosa y Chaco, ¡ exigimos Justicia !

Por las más de 3.200 mujeres desaparecidas en las redes de trata, ¡ exigimos Justicia !.

¡¡ Exigimos aborto legal, seguro y gratuito !!!

Exigimos también:

¡¡ Ni una menos !!

¡¡ Basta de femicidios !!

¡¡ Basta de travesticidios !!

¡¡¡ El Estado es responsable !!!

Desde esta plaza denunciamos la política de entrega y ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos locales.

El pacto entreguista de Macri con los fondos buitre, avalado por la mayoría de los gobernadores, corona la seguidilla de acuerdos ruinosos para el país sellados por el gobierno anterior: pago al FMI y al Club de París, arreglos en el CIADI, indemnización a Repsol. El objetivo estratégico es el mismo: el reendeudamiento para poner a salvo las ganancias de los grandes grupos monopólicos y descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo.

Repudiamos el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa; la devaluación y las exenciones impositivas a favor de los monopolios contaminantes de la megaminería y de los grandes terratenientes y pooles de siembra asociados a Monsanto; repudiamos los acuerdos secretos con Chevrón y la cesión de territorio y derechos nacionales para la instalación de una base militar china en la provincia de Neuquén. No olvidamos que la dictadura estatizó la deuda de más de 70 grandes empresas, entre las que se encontraban SOCMA y SEVEL del grupo Macri.

Pero la política macrista, ya en sus primeros 100 días, enfrenta una creciente resistencia popular.

El paro y las movilizaciones de los trabajadores de ATE, FesProSa y Conadu Histórica del 24 de febrero, contra los despidos y el ajuste, que recorrieron todo el país y marcharon también hasta esta Plaza de Mayo, fueron una muestra de la enorme disposición de lucha que existe en el pueblo para defender salarios y puestos de trabajo.

Hoy, los trabajadores de Tierra del Fuego encabezan una histórica lucha popular contra el impuestazo y el saqueo de las cajas previsionales de la gobernadora Bertone, del Frente para la Victoria.

También se extiende la lucha de los trabajadores en Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner.

Los docentes de Santiago del Estero están masivamente luchando en las calles por su salario protagonizando marchas que nuclearon a más de 15.000 trabajadores de la educación y los docentes mendocinos cumplen el tercer paro contra el ajuste del gobernador Cornejo. La CTERA llama a un paro nacional para el 4 de abril.

También los periodistas luchan contra los despidos del Grupo 23 y Radio América.

Los movimientos sociales de desocupados y cooperativistas, ante la falta de respuesta desde el Ministerio de Acción Social, han salido a la calle y realizado el 16 de marzo un masivo corte en la 9 de Julio.

El mismo día, miles de trabajadores estatales, marcharon a la gobernación en La Plata en el marco de una jornada nacional de paro. Los trabajadores bancarios del Banco Provincia de Buenos Aires y del Central, y los del Posadas resisten los despidos y existen muchos organismos estatales donde sus trabajadores están protagonizando numerosas medidas de lucha, como Agricultura, Conectar Igualdad o los del área de Cultura. Los asambleístas de Andalgalá y de Jáchal resisten con acampes la política extractivista de saqueo, contaminación y muerte.

Desde esta tribuna, proclamamos todo nuestro apoyo a los estatales, docentes, trabajadores de la salud, periodistas, bancarios, metalúrgicos, a todos los trabajadores, contra los despidos y en reclamo de aumento de salarios. Llamamos a la mayor unidad de los trabajadores y el pueblo en la lucha para enfrentar el plan de ajuste, entrega y represión de Macri y los gobernadores.

Por todo esto, compañeros y compañeras, estamos aquí.

Hoy, a 40 años del golpe, nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo que luchan contra la agresión de los imperialismos.

Hoy, a 40 años del golpe genocida seguimos luchando, porque cada conquista obtenida nos da más fuerza para seguir, porque así hicimos retroceder a la dictadura, porque así rompimos la impunidad absoluta que se quiso imponer con leyes e indultos y enfrentamos a los gobiernos del hambre y la entrega, porque así llevamos a juicio y condena a muchos represores, porque así recuperamos 119 nietos, porque así no nos doblegaron y hoy estamos aquí y en las plazas de todo el país, miles de argentinos y hermanos latinoamericanos, que no olvidamos y no perdonamos, que vamos a seguir por memoria, verdad, justicia y por la liberación para nuestro pueblo.

Porque a 40 años hoy estamos aquí, decimos:

30.000 compañeros detenidos - desaparecidos ¡ presente ! ¡ ahora y siempre !