sábado, 24 de marzo de 2012

24de marzo: Nuestra memoria insumisa; por Andrea Benites-Dumont


Un nuevo 24 de marzo, otro aniversario del maldito hito que nos partió el corazón hasta el fin de los tiempos.

Un nuevo 24 que no viene despojado de presente.
En los últimos años ha habido transformaciones en todos los ámbitos sociales y políticos, y se ha generado una cultura de la memoria que se explaya en los más variopintos sitios y rincones, conducida desde una suerte de mesa de mezclas donde se pretende afinar en un mismo ritmo y sonido, a un coro homogéneo que no admite diversidades ni multiplicidades.

Así como la historia no puede existir sin la memoria, la memoria no puede dejar de meterse en el presente, y, abordando los sitios concretos que son en sí mismos memoria, tanto los que han sido escenario de las atrocidades, o los que se rehabilitan o los que se construyen,  dichos  espacios y centros de  memoria están influidos de las necesidades políticas del momento que se hacen,  y es lógico e innegable que así sea; otra cuestión es el uso y utilidad de la construcción de una memoria histórica a semblanza y en concordancia con un partido, organización o gobierno.

Los memoriales,  espacios especiales, son ideados como lugares de conmemoración y remembranza, incorporándose en la reconstrucción de esta cita creadora, la presencia de los testimonios y denuncias de los sobrevivientes.
Y es en este punto de encuentro, entonces,  donde se conjugan los rastros del pasado, suenan en presente y sueñan en futuro.

La complejidad del presente se escabulle de las imágenes claras y precisas que la memoria se esfuerza en acercar, y como una variante de calidoscopio dibuja escenas esperpénticas, un memorial de “héroes” de Malvinas en el mismo sitio donde esos “adalides” torturaron, violaron y asesinaron; o acondicionar un poco allá y un poco acá, una sala de proyecciones dentro de la ESMA, para desarrollar los tramos judiciales que restan en la causa contra los genocidas de la armada, sin desplazarse a la cartografía del dolor de los familiares, las víctimas, los sobrevivientes.
Iniciativas éstas, salidas de discursos efectistas y demostrativas del manejo que de los derechos humanos vienen avasallando desde las instancias del poder y desde los organismos cooptados, hoy más gubernamentales e inamovibles que las estatuas de la Casa Rosada. Si visitar, adentrarse en un sitio conmemorativo, nos coloca en el evocar y en reconstruir lo que allí pasó, sentir en el cuerpo y en el alma;  sólo los perpetradores y represores, quedan fuera de esta rememoración fraterna. Esas disparatadas propuestas ignoran y desoyen  los silencios que aún suenan desgarrados en las paredes y pasillos de la ESMA.

Podría hablarse de una pluralidad de memorias, y no seria errático ni restador, porque ello se corporiza en las marchas diferentes, y en las consignas que llevan los mensajes a los que pusimos protegidos en las fotografías. Y si la dimensión del recuerdo es la del propio reconocimiento, la memoria es parte, necesariamente, de un sistema crítico, es la alerta contra el olvido de las injusticias y atropellos, que dejaron las calles manchadas y con siluetas hechas jirones, que reaparecen en las demandas sociales actualizadas a golpe de resistencias contra un sistema perverso que devora insaciable lo mejor de la gente,  la gente que enfrenta y escabulle la ley antiterrorista implementada por el gobierno de los derechos humanos.

Las imágenes quedan fijadas en fotografías, y de aquella memoria gráfica que no se re-encuentra como parte del hoy, se va borrando, se diluyen, las desaparecen…. Las imágenes son reconocibles a través de su relación con el tiempo del presente. Los límites de una fotografía nos desafían a completar lo que no vemos, lo que está fuera de la imagen. Así como las hojas y expedientes sueltos o descubiertos al azar, de los archivos de la dictadura que encierra todo el paisaje que es indispensable para que no estén perdidos en soledades ni en silencios aquellos que nadie nombra ni recuerda, pero sabíamos que estaban.

Aún hoy a 36 años del golpe asesino, del genocidio instaurado, no se soporta todavía su potencia demoledora, y se crean atajos jurídicos procesales y políticos, para evitar su uso, y se allana y banaliza, se emiten calificaciones de genocida en lugar de asentar en conciencia el genocidio perpetrado. Y así sobran en los documentos, en los textos, en las demandas y en las querellas, calificaciones todas insuficientes.

Pero la realidad es siempre generosa en variedades y posibilidades, y por ahí también anda anidando y proliferando una cultura de la memoria centrada en las víctimas, en las gentes, lejos de los mármoles, de los monumentos, subvenciones, negocios, puestos, acomodos y funcionariado.

Ahí anda callejeando en baldosas que amalgaman los recuerdos, baldosas de muchos colores y de muchas manos, una cultura de memoria en espacios públicos abiertos, en marchas, una cultura de la memoria en los nuevos reclamos y en los nuevos desaparecidos….
Y hoy 24 de marzo, ahí anda la memoria, desnuda y desafiante, buscando a Jorge Julio López entre tanta concurrencia y hojarasca.

viernes, 23 de marzo de 2012

LUCHAR ES UN DERECHO.

LUCHAR ES UN DERECHO
Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los gobiernos de los Kirchner

Viernes 23 de marzo de 2012. A 36 años del golpe genocida y a días del próximo 24 de marzo, Organismos de Derechos Humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe sobre la Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de los Kirchner.

En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa representantes de los organismos de derechos humanos: Enrique Fukman y Gabriela Vargas de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD; Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha – APEL; Gina Erramuspe del Centro de Abogados por los Derechos Humanos –CADHU; Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – CEPRODH; Martín Alderete de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP; María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; y Diana Kordon de Liberpueblo; y representantes de las siguientes organizaciones: Jorge Cardelli del Partido Socialista; Elena Hanono del Partido Comunista Revolucionario; Vilma Ripoll del Movimiento Socialista de los Trabajadores; Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores Socialistas; Néstor Pitrola del Partido Obrero; Oscar Kuperman de la Coordinadora por la Unidad Barrial CUBA-MTR; Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA; Mary Martín asesora del diputado Piamonte ARI; Mario Mazitelli del Partido Socialista Auténtico PSA; José Castillo de Izquierda Socialista; Hugo Blasco de CTA Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur; entre otros.  

INFORME SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos  realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.
Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

El informe fue realizado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha – APEL; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos –CADHU; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; y Liberpueblo.

El informe:

Abarca el período 2001-2012

Sintetiza los primeros resultados de la investigación que estamos realizando desde principios del año 2011, y refleja la sistematización de datos sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.

La base de datos se encuentra en permanente proceso de registro de nuevos datos y será actualizado periódicamente para su consulta.

Está organizado en las siguientes partes:

-Presentación de la situación de criminalización y represión 2001-2012
-Presentación de la metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos.
-Informe estadístico de casos criminalizados registrados
-Identificación de tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta
-Registro de las organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país
-Anexo con listado de víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2001-2012
-Detalle de las fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos
-Listado de materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la realización del informe

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
TOTAL DE CRIMINALIZADOS REGISTRADOS:  
2268
·         Porcentaje de criminalizados por año – 2001-2012
Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.

·         Porcentaje de criminalizados por sector de pertenencia – 2001-2012
Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos registrados.

·         Porcentaje de criminalizados por tipo de conflicto – 2001-2012
Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un 31,7%.
En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización.

·       Porcentaje de criminalizados por provincia – 2001-2012
Sobre un total de 2221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país.
La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos registrados, y las continúan en porcentajes las provincias de Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%.

ORGANIZACIONES CRIMINALIZADAS
Son 167 las organizaciones, comunidades y grupos de pertenencia que se relevaron como criminalizados hasta la fecha para este informe.

ANEXO VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN ESTATAL Y PARAESTATAL A LA PROTESTA Y LA ORGANIZACIÓN POPULAR, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ASESINADOS ENTRE 2001 Y 2012
Se registraron en este informe 72 compañeros y compañeras víctimas de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad entre los años 2001 y 2012.
Año
Víctimas
2001
40: Carlos Santillán, José Oscar Barrios, Graciela Acosta, Carlos “Petete” Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Avaca, Diego Ávila, Gustavo Ariel Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Yanina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Romina Iturain, Diego Lamagna, Cristian Legembre, Claudio “Pocho” Lepratti, Alberto Márquez, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, Sergio Pedernera, Rubén Pereyra, Damián Vicente Ramírez, Sandra Ríos. Gastón Marcelo Riva, José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega, Ricardo Villalba.
2002
3: Javier Barrionuevo, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán.
2003
2: Cristian Ibáñez, Luis Marcelo Cuellar.
2004
3: Sandra Cabrera, Martin “Oso” Cisneros, Esteban “Chirolita” Armella.
2006
1: JORGE JULIO LÓPEZ DESAPARECIDO
2007
1: Carlos Fuentealba
2008
2: Lázaro Duarte, Juan Carlos Erazo.
2009
1: Javier Chocobar.
2010
10: FACUNDO VARGAS, Silvia Suppo, NICOLÁS CARRASCO, SERGIO CÁRDENAS, Mariano Ferreyra, Roberto López, Mario López, Bernardo  Salgueiro, Rosmary Chura puña, Emilio Canaviri Álvarez.
2011
5: MÁRTIRES LÓPEZ, Ariel Farfan,  Juan José Velazquez, Felix Reyes, Cristian Ferreyra.
2012
4: Jeremías Jonathan  Trasante, Claudio Damián “Mono” Suárez, Adrián Leonel “Patón” Rodríguez, Noemí  Condorí.

Estas víctimas se suman a los 1911 casos de muertos por gatillo fácil y torturas durante el período comprendido entre el 25/05/2003 y el 29/02/2012 (Fuente: Correpi)

MÁS DE 4000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS CRIMINALIZADOS

Como se refleja en el informe estadístico en estos primeros resultados de nuestra investigación hemos sistematizado detalladamente los datos relativos a los sectores criminalizados, las fechas de judicialización, los conflictos por los que se está persiguiendo a los luchadores, las organizaciones de pertenencia, y cómo se aplica esta práctica represiva en las provincias, todo ello sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.

A estos datos sistematizados, debemos tener en cuenta que se suman varios centenares de procesados pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En Neuquén, los estatales comprenden el sector con más encausados con un total de 270 dirigentes y delegados criminalizados, siendo en su mayoría integrantes de los gremios ATEN y ATE. En Río Negro, unos 50 dirigentes sindicales están procesados o imputados en alguna causa producto de acciones gremiales.

Por otra parte, según consta en publicaciones del mes de mayo de 2011, los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a esa fecha se dictó el sobreseimiento de 1450 militantes que participaron de protestas sociales.
Con todos estos registros, el número de compañeros y compañeras judicializados en nuestro país asciende a más de 4000.

NUEVA DENUNCIA

En la conferencia se denunció que se abrió una acción penal con el número 2569/12 contra militantes y dirigentes sociales y políticos a raíz de las declaraciones de la Ministra Garré que los acusó de extorsionadores el pasado 16 de marzo, luego de una manifestación de trabajadores desocupados del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el clientelismo.

Se anunció una convocatoria para el jueves 29 de marzo a las 11:30 en Comodoro Py para presentar ante el juez Rafecas una delegación en defensa y solidaridad con los compañeros.

Contactos de prensa:
AEDD: 15-53372868
APEL: 15-56045905
CADEP: 15-54992811
CADHU: 15-50951324
CEPRODH: 15-41702398
CORREPI: 15-44170659
Liberpueblo: 15-69703562

domingo, 4 de marzo de 2012

Pretenden garantizar la impunidad del genocida Díaz Bessone


FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS  ROSARIO

PRETENDEN GARANTIZAR LA IMPUNIDAD DEL GENOCIDA DIAZ BESSONE

La audiencia de la causa que lleva su nombre el lunes 5 de marzo se celebrará en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en calle Entre Ríos y Tucumán.
Es una audiencia decisiva porque peligra a continuidad como imputado del mayor responsable vivo del genocidio en nuestra zona, ex jefe del Comando del II Cuerpo y ministro de Videla.
El juicio es una parte de la mega causa Feced y lleva casi dos años de trámite
El jueves se realizó una pericia en el cómodo departamento donde cumple su prisión domiciliaria. Los peritos de nuestra querella pudieron comprobar que se encuentra en condiciones de ser juzgado. Que comprende aún perfectamente la criminalidad de los actos atroces que ordenó.
No permitamos que se burle de la justicia una vez más.Exijamos en la calle como lo hemos hecho durante 36 años,que los jueces tomen las medidas correctas.
 
Convocamos a todos y a todas a la Cámara el lunes a las 11 para decirle a los jueces que separarlo del juicio sería una burla a los sobrevivientes, a la memoria de nuestros compañeros y a la democracia misma.
 NO PERDONAMOS      NO OLVIDAMOS    NO NOS RECONCILIAMOS
JUICIO Y CASTIGO EN CÀRCEL COMÙN A TODOS LOS GENOCIDAS
 
ELIDA LUNA GABRIELA DURRUTY  PAULA LUNA YOLI MEDINA HECTOR MEDINA RICARDO DOMINGUEZ LILIAN ECHEGOY NELIDA TURLIONE
LEA MEDINA