viernes, 26 de agosto de 2016

Polémica en Argentina: Los represores a sus casas. Declaraciones de Carlos Zaidman (AEDD)

23 Ago 2016

Buenos Aires, Argentina. AFP.

Cárcel común o prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura (1976/83) suscita polémica en Argentina, luego de que un tribunal otorgara ese beneficio al emblemático ex jefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a perpetuidad. Dos jueces de la ciudad de La Plata (sur) concedieron el viernes la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 87 años, alegando “cuestiones humanitarias” o simplemente su avanzada edad, y generaron indignación entre víctimas directas, testigos en los juicios y organismos de derechos humanos.

El ex policía, que inició el 26 de julio una huelga de hambre, sigue preso porque la vuelta a su domicilio le fue denegada en otra causa. Desde que en el 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, tres años después de la anulación de las leyes de amnistía, los organismos humanitarios han bregado por “cárcel común y efectiva” para procesados y condenados.

Carlos Zaidman, una de sus víctimas, señaló a la AFP que el beneficio para los represores “no es nuevo, pero es un salto de calidad. Etchecolatz es emblemático, es como si lo dejaran ir a su casa a Alfredo Astiz”, el ex marino que infiltró a las Madres de Plaza de Mayo y fue condenado entre otros por el asesinato de dos monjas francesas y una joven sueca en 1977, advirtió.

“No estamos hablando de un viejito bueno y arrepentido, sino que está demostrado en los juicios que es un asesino serial, que ha secuestrado y torturado a miles y ha robado bebés”, advirtió Zaidman, de 64 años, sobre el ex jefe de inteligencia de la provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años tienen en Argentina derecho a la prisión domiciliaria por razones de salud, pero no se aplica de manera automática y depende de cada tribunal. De los 1.056 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. El resto está hospitalizado o en otras dependencias.

50 detenciones domiciliarias en era Macri


En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó “una aceleración”, dijo Zaidman. “Hay una política del gobierno de desandar lo caminado, un retroceso muy fuerte en derechos humanos y sociales”, consideró ayer el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar la cifra de 30.000 desaparecidos y decir en campaña que iba a “terminar con el curro (robo) de los derechos humanos”. Los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015, peronistas de centroizquierda), que impulsaron los juicios por delitos de la dictadura, dividieron aguas entre aliados y detractores en las organizaciones humanitarias.

miércoles, 17 de agosto de 2016

No sólo números, Por Guillermo Levy

Las declaraciones del presidente Macri no deberían hacernos quedar sólo en una disputa por los números reales de desaparecidos, cuando el conjunto de su declaración vuelve a la luz lo que piensa y siente una porción no menor de la sociedad argentina que avaló la dictadura y que desprecia y despreció siempre, a veces a los gritos y muchas veces solapadamente, todo avance en materia de derechos humanos.

Los números son imposibles de precisar justamente por la práctica misma de la acción genocida que sistematizó las enseñanzas que franceses y norteamericanos aprendieron –sin citar nunca la fuente– de sus maestros nazis: desaparición de cuerpos, destrucción de información y pacto de silencio que los genocidas siguen respetando a pesar de las mas de 700 condenas recibidas al día de hoy en juicios únicos en el mundo pero increíblemente relegados a los márgenes de las noticias.

Macri suele ser bastante más sincero que la media de nuestra dirigencia política. El número de desaparecidos se estableció en 30 mil en momentos de lucha contra la dictadura y de imposibilidad de acceder a más datos que las estimaciones provenientes de miles de denuncias en todo el país y la labor valiente y militante de cientos de familiares y amigos, que es puesta siempre bajo sospecha con estas declaraciones que dan cuenta, sutilmente, de un profundo desprecio por toda la lucha, reconocida internacionalmente, de los organismos de derechos humanos, en una época en la cual otros, como el grupo empresarial del que el actual presidente fue directivo muchos años, tenían otras preocupaciones.

Han pasado décadas desde que la Conadep registró 9300 desapariciones de los que se animaron a declarar y excluyendo a los que no declararon porque no aceptaron la política de derechos humanos del gobierno radical. Denuncias que aumentaron cuando el Estado en la década de los 90 implementó reparaciones económicas para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaba a la Argentina a aclarar y reparar, y decía que las leyes alfonsinistas de impunidad –Punto Final y Obediencia Debida– eran contrarias al derecho internacional. Ahí aparecieron más denuncias y luego con el fin de la impunidad –ya en la etapa kirchnerista– muchos se animaron a hablar por primera vez.

Muchísimos sobrevivientes del nazismo nunca hablaron o lo hicieron después de 20 o 30 años. En el año 2005, tuve la oportunidad de ir a Tucumán, donde todavía se hablaba popularmente de la época de la dictadura como la “época de la subversión”, donde los genocidas seguían teniendo un enorme poder económico y social. Hasta ese momento se conocía una sola sobreviviente de la “Escuelita de Famaillá”, primer campo de concentración que funcionó más de un año antes del 24 de marzo de 1976. Con la política de juicios y con la seguridad que daba un discurso estatal fuertemente condenatorio y reparatorio de ese pasado, empezaron a aparecer muchos más sobrevivientes de ese campo y estos meses se está sustanciando un juicio histórico en esa provincia.

Tenemos los desaparecidos que nunca volvieron y tenemos los miles de los que pasaron por el infierno del campo, una semana, tres, meses y algunos años enteros, y volvieron. Volvieron a una sociedad que no quería escuchar su testimonio tan fundamental para el conocimiento del horror. Volvieron cargando la culpa del sobreviviente –también calcada de la experiencia nazi– y muchas veces con la mirada injustamente sospechosa de compañeros y familiares. ¿Esos cuántos son? ¿Quién cuenta a los desaparecidos sobrevivientes? Seguramente, entre muertos, desparecidos que hoy continúan desaparecidos y secuestrados que estuvieron en el infierno de los campos y volvieron, tenemos muchos más de 30 mil.

La discusión no es matemática sino política. Macri, como lo fue antes Lopérfido, expresan a esa parte de la Argentina que avaló la dictadura y la represión y que se ha sentido profundamente violentada por el papel que tuvieron en el anterior gobierno la memoria, la reivindicación del carácter militante de los desaparecidos que la teoría de los dos demonios había dividido en “inocentes y culpables” y, sobre todo, la reparación del pasado dictatorial mediante el fin de la impunidad. Una porción de nuestra sociedad que forma parte de un núcleo duro, minoritario pero importante, que odia al kirchnerismo con muchas más razones de las que odió a Alfonsín por el Juicio a las Juntas.

Bronca difícil de manifestar en estos tiempos, porque se han construido pisos en la última década, sobre todo, que impiden la reivindicación o justificación del accionar de la dictadura como se podía hacer en los 80 o incluso en los 90, cuando en el principal programa periodístico de entonces se llegó a cuestionar abiertamente el derecho de las abuelas a recuperar a los “hijos de los terroristas”, como todavía se atrevían con impunidad a llamar a los desaparecidos.

Hoy por suerte, eso lo pueden murmurar o decir en reuniones privadas, pero no en público. Sin embargo, a veces aparecen expresiones honestas que dan cuenta de ese relato vivo pero tan mal visto hoy mayoritariamente. Reaparece hoy de la mano de esa derecha política y cultural –la tan denostada anteriormente por ellos– “teoría de los dos demonios” que hoy expresa quizás, la máxima concesión posible, para los perpetradores y defensores del genocidio. Agarrarse del relato más cercano posible a su reivindicación de la represión: Guerra Sucia, ahora que volvió la sintonía con el país del Norte, mezclada con el “hubo asesinatos de los dos lados”, reconociendo con resignación los propios pero denunciando que los derrotados de ayer, también mataron y apelan a la venganza disfrazada de justicia.

El uso de la expresión “guerra sucia” por parte del Presidente, traducida del término acuñado por los gobiernos y la inteligencia norteamericana, “dirty war”, es quizás más grave que la discusión sobre el número. Más allá de la carga simbólica de usar un término tan amigable para los represores argentinos y popularizado por el país con el que Macri hace gestos permanentes de genuflexión, dice lo que este gobierno, o sus principales dirigentes, realmente piensan: en la Argentina no hubo una masacre sistemática, planificada, en función de un proyecto de transformación económica y social conducida por civiles miembros de nuestros sectores de poder más concentrado, del que la familia del Presidente forma parte, sino una guerra donde la tortura, las violaciones sistemáticas a las mujeres detenidas, los asesinatos y el robo de bebés fueron la parte “sucia” de una guerra que junta en su suciedad a la violencia ejercida por las organizaciones armadas, infinitamente inferior cuantitativa y cualitativamente y, sobre todo, sin la responsabilidad estatal que convierte aquellos crímenes en forma sistemática en genocidio.

Sin aferrarse al número 30 mil que es más un símbolo que una realidad comprobable en forma tajante (aunque mucho más cercano a la realidad que los “9 mil”) se puede afirmar que los discursos que defienden en forma militante los “7 mil, 8 mil, 9 mil” “como hay en un muro” –que no es ni más ni menos que el Parque de la Memoria que está en la jurisdicción que Macri gobernó ocho años– no están discutiendo cantidades sino relatos, legitimidades. Están expresando su bronca por los términos “dictadura cívico-militar”, por los términos “crímenes de lesa humanidad”, por el término “genocidio” para explicar lo que pasó, por el rol protagónico y denunciante de los organismos de derechos Humanos y, sobre todo, su tremendo rechazo a la política del anterior gobierno de anulación de las leyes de impunidad, y a los juicios históricos que se siguen sustanciando, que quisieran anular, pero por suerte, hasta ahora, no pueden. Las 2 mil rondas de las Madres, el intento de detención de Hebe, la renuncia de Lopérfido y las declaraciones de Macri parecen volverse en contra de su manifestada intención de no anclarse en el pasado.

Quizás ese pasado todavía no esté tan cerrado y nos siga dando, todavía, muchos elementos para entender este presente.

* Docente de la carrera de Sociología (UBA) e investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio (Untref).

sábado, 30 de julio de 2016

ETCHECOLATZ DEBE CUMPLIR CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA

Los abajo firmantes manifestamos nuestro más enérgico repudio a la concesión de arresto domiciliario para el genocida Miguel Etchecolatz por parte los jueces subrogantes Germán Andrés Castelli, Roberto Agustín Lemos Arias y Jorge Michelli.

Condenado a cadena perpetua, pretende el represor el privilegio de ser trasladado a su domicilio por "razones de salud", las mismas que se le niega sistemáticamente a miles de presos en las cárceles del pais.

Entiende el tribunal que este genocida no presenta peligro de fuga ni entorpecerá en las otras causas en las que está siendo juzgado. Olvidan estos jueces, que Jorge Julio López permanece desaparecido y la relación manifiesta, aunque no investigada entre dicho represor y la segunda desaparición de López.
Este nuevo paso en dirección a una pretendida "reconciliación" auspiciada desde las más altas autoridades gubernamentales y el propio Vaticano, encontrará en los que luchamos durante 40 años por Memoria, Verdad y Justicia, la más férrea de las resistencias.


CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.

NO HABRÁ NI OLVIDO, NI PERDÓN, NI RECONCILIACIÓN.

A 10 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ,NO PASARÁN !!!


Primeras firmas:

AEDD-Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
APEL - Asociación de Profesionales en Lucha
APEMIA -Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia.
CADEP-Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
CEPRODH – Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
CMM-Colectivo Memoria Militante
CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
EATIP-Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial
LIBERPUEBLO-Asociación por la Defensa de la libertad y los Derechos del Pueblo.


 Organizaciones de Derechos humanos


Capoma -Centro de Accion Popular Olga Marquez de Aredez.
Cátedra libre de Salud y Derechos Humanos.
Familiares y amigos de Luciano Arruga.
Frente por los DD HH y la Dignidad de Mar del Plata.
H.I.J.O.S zona oeste.

HIJOS - La Plata 

Organizaciones Gremiales, Sociales y  Políticas

AGD UBA-Asociación Gremial Docente de la UBA.
CTA de los Trabajadores Pcia. De Buenos Aires.
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.
Trabajadores Sociales en La Roja En San Isidro.
Corriente Nacional Emancipación Sur.
Convergencia Socialista La Verdad.
CUBa-MTR – MIDO.
Corriente de Organizaciones de Base La Brecha .
FOB Regional BS AS.
La Retaguardia - Periodismo Social.
Organización Política Hombre Nuevo.
TPR-Tendencia Piquetera Revolucionaria.

Desde el exterior
Casapueblos
Solidaridad Obrera

Personales
Ana Bianco
Claudio Francisco Capuano
Nora Ciapponi
Ileana Celotto-Santiago Gándara-AGD-UBA
Hugo Russo-Daniel Pérz Guillén –CTA de los Trabajadores Pcia. De Buenos Aires.
Pablo Piatigorsky





miércoles, 29 de junio de 2016

Darío y Maxi : a catorce años, seguimos reclamando justicia

CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESION DE MACRI Y LOS GOBERNADORES

¡DARIO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO! 

CATORCE AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO  

EL ESTADO ES RESPONSABLE 

JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ-ALFREDO ATANASOFF-LUIS GENOUD-JORGE MATZKIN -OSCAR RODRÍGUEZ.  

A 14 años de los asesinatos de Darío y Maxi, aquel 26 de junio del 2002, volvemos a este puente emblemático para reclamar justicia por los compañeros caídos y a rechazar las políticas de hambre y  represión del gobierno nacional de Mauricio Macri y de los gobernadores provinciales. 

Hace 14 años, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación.  
Confiado en el respaldo de los grupos económicos y de poder que cargaron sobre las espaldas del pueblo la crisis capitalista de 2001, Duhalde arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle nuevamente por pan y trabajo. Su objetivo era el disciplinamiento social de los trabajadores y el  pueblo. 

La Masacre de Avellaneda  que ordenó su gobierno, decidida por toda la cúpula del poder político de aquel momento, fue ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia. No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros heridos con balas de plomo y centenares de detenidos en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturadas y golpeadas. 
Los grandes medios de comunicación comenzaron a difundir inmediatamente la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero la movilización popular y al coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa desbarataron el relato oficial.  
A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Gracias a eso, las vidas de Darío Santillán y Maxi Kosteki trascendieron, sus ejemplos se multiplicaron y hoy nos encontramos como todos los años reivindicando su lucha. 

Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.
Doce de los catorce años que transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón transcurrieron bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que llegaron al poder de la mano de Duhalde y acogieron a muchos de sus funcionarios, como Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre otros. 
Apenas asumió, Néstor Kirchner ofreció crear una comisión investigadora, pero sólo bajo la condición de que las organizaciones abandonáramos la lucha y renunciáramos a nuestra independencia. Trató de avanzar con la cooptación y la mentira, pero los familiares de Darío y Maxi y las organizaciones que hoy regresamos a este Puente Pueyrredón, rechazamos sus maniobras, denunciamos la impunidad y el encubrimiento de los gobiernos a lo largo de estos años y continuamos exigiendo una investigación independiente y sin condiciones. 
Querían que abandonáramos las calles y nunca lo hicimos. Seguimos luchando y movilizados contra la represión y el hambre ayer, hoy y siempre.
Catorce años transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón y los responsables de las provocaciones contra el movimiento piquetero; los que tomaron las decisiones e impartieron las ordenes aquel 26; los que dieron carta blanca a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados; los que escribieron el libreto para justificar la masacre; esos responsables continúan impunes hasta el día de hoy.
La masacre de Avellaneda fue una decisión de Estado, avalada por todos los centros políticos y mediáticos de la clase capitalista. Al día de hoy, logramos que se desarchivara la causa judicial que debería investigar las responsabilidades políticas de la masacre y que fueran citados a declarar funcionarios del Municipio de Avellaneda, luego de años de tener la causa en un cajón en el juzgado de Ariel Lijo. Pasaron cuatro fiscales pero jamás avanzó un centímetro. Muchas de las medidas de prueba que presentamos –como cruces de llamadas telefónicas entre los involucrados y el detalle de la cadena de mandos de las fuerzas represivas que intervinieron- no fueron respondidas.  Hoy seguimos exigiendo celeridad y que la justicia avance en la causa e investigue a fondo la represión y asesinato a nuestros compañeros. 
Exigimos juicio y castigo.
A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión. 
A Aníbal Fernández, provocador todo terreno contra el movimiento piquetero y los luchadores durante los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina. 
A Jorge Matzkin, ministro del Interior del gobierno de Duhalde.
A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación, refugiado en el partido de Sergio Massa.
A Alfredo Atanasof, otro devoto kirchnerista que fue jefe de gabinete de Duhalde y vocero de las provocaciones de aquel gobierno durante los días previos a la Masacre de Avellaneda 
Al ex gobernador Felipe Solá y al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi que también integran el Frente Renovador de Sergio Massa. 
A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, actualmente  miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense. 
Carlos Soria, el ex jefe de la SIDE, que jugó un papel clave en la represión asesina, murió impune a manos de su esposa poco después de ganar la gobernación de la provincia de Rio Negro por el Frente para la Victoria. Todos ellos siguen formando parte del establishment político como funcionarios u operadores políticos y de esa manera han garantizado su impunidad. 

Hoy volvemos a este Puente para reclamar juicio y castigo a los responsables de planificar y organizar desde el Estado los asesinatos de Darío y Maxi y también para denunciar los atropellos contra los trabajadores ocupados y desocupados, contra los jubilados, contra la juventud y las mujeres por parte del gobierno de Macri. Denunciamos el brutal ajuste que el gobierno nacional y los gobernadores descargan sobre el pueblo.
Rechazamos el tarifazo sobre los servicios y el transporte, los despidos, la precarización laboral y la inflación que carcome los ingresos de la familia trabajadora. 
En seis meses, los ajustadores crearon un millón y medio de nuevos pobres imponiendo un retroceso sin atenuantes del poder adquisitivo de los salarios; a los más de 150 mil despidos en el Estado y en las empresas, se suman cada día nuevas suspensiones y vacaciones forzadas. En los barrios, recrudece el hambre. 
La llamada “ley ómnibus”, lejos de compensar el retroceso de las jubilaciones como pretende vender el gobierno, constituye un chantaje contra los jubilados, porque se verán obligados a renunciar a sus demandas para mejorar en algo sus míseros ingresos. 
Además, como en un Caballo de Troya, esto va unido a un perdón generalizado a favor de los grandes evasores y lavadores de dinero. Mientras el pueblo sufre los rigores del ajuste, los José López y Lázaro Báez del macrismo y del kirchnerismo y sus cómplices empresarios blanquearán su dinero mal habido. Las trampas descubiertas en los Panamá Papers no son la excepción sino la regla.
Frente a tanta impunidad, nos rebelamos ante la criminalización de la protesta y el reforzamiento del aparato represivo del Estado.
Denunciamos el protocolo represivo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que tiene entre cejas la lucha del pueblo trabajador. En la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de la Policía Federal y el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que avala las detenciones arbitrarias de la policía, forman parte de una ofensiva contra las movilizaciones populares callejeras en el centro político del país.
Denunciamos la vigencia de las llamadas leyes antiterroristas, la colaboración con el FBI y la DEA y los preparativos para hacer intervenir al Ejército en la represión interior - iniciados con el ascenso del genocida César Milani durante el gobierno de Cristina Fernández-, que incluye la instalación de bases militares imperialistas en territorio argentino. El decreto de Macri, que amplía el autogobierno de las Fuerzas Armadas y sus promesas de mayor presupuesto y equipamiento, son expresivas de esta nueva alianza política que busca sellar el gobierno. La reciente absolución de los genocidas de Capilla del Rosario, condenados por el fusilamiento sumario de militantes populares durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, es una señal de la justicia para avalar la represión interna a manos de las Fuerzas Armadas.
Denunciamos la represión policial y judicial contra los trabajadores  y trabajadoras  de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, Salta; la represión contra los y las municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi, que luchan contra los despidos y en defensa de sus salarios; a los trabajadores de RB, que en San Isidro son reprimidos por defender sus fuentes de trabajo, ante una patronal especulativa que los dejó en la calle y una justicia que la avala. El fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga apunta a reforzar a la burocracia sindical criminal de los Gerardo Martínez y los José Pedraza contra las organizaciones combativas de base; especialmente, contra los trabajadores precarizados y tercerizados.
El reforzamiento represivo, incluida la militarización en los barrios a lo largo y ancho del país, tiene su correlato en el sistemático incremento del delito organizado, de las zonas liberadas, de las mafias del narcotráfico y de las redes de trata. Las fuerzas represivas son el eslabón más importante de una estructura criminal al interior del Estado que enlaza a funcionarios, punteros, bancos, jueces  y fiscales. 

Desde este Puente histórico decimos: 
Basta de represión y criminalización de la protesta. 
Basta de gatillo fácil. 
Desprocesamiento de los luchadores. 
Libertad a los presos políticos. 

Reivindicamos al impresionante movimiento de mujeres que se expresó nuevamente en la convocatoria #NiUnaMenos. El Estado es responsable por la impunidad y la violencia que sufren nuestras compañeras. Exigimos una respuesta para frenar el asesinato de mujeres en todo el país y exigimos derecho al aborto libre, seguro y gratuito. ¡Basta de opresión y violencia contra la mujer!

Reivindicamos a Darío y Maxi como expresión de la juventud que se organiza y lucha en los lugares de trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios y en las zonas rurales; la que enfrenta a la burocracia sindical y la precarización laboral, como Mariano Ferreyra. 
Desde este puente, saludamos a todas las luchas que enfrentan el ajuste a lo largo y ancho del país. 
Al pueblo de Tierra del Fuego, que protagoniza una verdadera rebelión de más de 100 días contra el gobierno del Frente para la Victoria que encabeza Rosana Bertone. La represión y el desalojo del acampe frente a la Casa de Gobierno no ha logrado hacer amainar esa gran lucha en defensa de las jubilaciones, el salario y los puestos de trabajo.
Saludamos la lucha de los docentes, obreros de la construcción y empleados municipales de Santa Cruz, que enfrentan al gobierno de Alicia Kirchner y su ajuste. A los docentes de Santiago del Estero, que salieron a luchar masivamente contra el gobierno de Claudia Ledesma Abdala; nuestra solidaridad con los petroleros de Comodoro Rivadavia que pararon los despidos y con los trabajadores estatales de Mendoza, que sufrieron la represión del gobernador Alfredo Cornejo. 
Hemos sido activos partícipes e impulsores de la gran marcha educativa del 12 de mayo, que copó la Plaza con los reclamos de docentes y estudiantes, en el marco de una enorme huelga universitaria.
Peleamos codo a codo junto a nuestros compañeros estatales de la Nación, las provincias y los municipios contra los despidos en la administración pública.
El movimiento de desocupados, los piqueteros como Darío y Maxi, estamos también nuevamente en las calles para enfrentar el hambre, con movilizaciones masivas, acampes, cortes y ocupaciones para reclamar el sostenimiento de los comedores populares, trabajo genuino y un subsidio universal a los desocupados. 

Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todos los mártires de las luchas obreras y populares. 
A los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y a los asesinados por la represión durante la democracia.  A Anibal Verón, Teresa Rodríguez, Víctor Choque y los muertos en el puente Corrientes. A las víctimas de los crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier Barrionuevo y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano. A Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz, asesinado  en Castelli, Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario. Seguimos exigiendo justicia por Mariano Ferreyra, asesinado por luchas contra la precarización laboral. 
Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por los más de 4.400 casos de gatillo fácil desde 1983 hasta el presente.  

No podemos dejar de mencionar, esta vez muy especialmente, al pueblo de Oaxaca, donde la represión del Estado mexicano dejó un saldo de nueve maestros asesinados. Desde aquí, todo nuestro apoyo a esa lucha y por el castigo a los responsables de la brutal represión. Y exigimos la Aparición con Vida de los 43 normalistas de Ayotzinapas y el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de sus desapariciones.
Y solidarios con todas las luchas de nuestros pueblos hermanos latinoamericanos, denunciamos el asesinato de Berta Cáceres, lidereza del COPINH en honduras. Exigimos que se esclarezca este crimen y que intervenga una comision de investigacion internacional independiente al estado hondureño, complice de este asesinato y garante de las concesiones a las empresas trasnacionales que en conjunto atropellan los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Todos ellos están representados también en el nombre de la estación "Darío Santillán y Maximiliano Kosteki", que hemos convertido en una muestra permanente de arte popular y de lucha, recuperándola para las clases desplazadas como un espacio concreto y simbólico, con el nombre de estos dos luchadores populares.
 Ellos formaron parte de una generación de luchadores. La que enfrentó al menemismo y a la Alianza, la del 19 y 20 de diciembre, la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación y la opresión. Darío y Maxi serán redimidos cuando los culpables paguen y cuando logremos poner en pie la  Argentina por la que lucharon, sin explotadores ni explotados. 
Volvemos al puente como cada 26 de Junio, a lo largo de estos 14 años con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral; universalización de  programas de estudio y empleo para la juventud y los desocupados. 

Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.

Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores. Pan y trabajo para todos y todas. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Basta de despidos, tercerización y precarización laboral. Pase a planta de los trabajadores de los planes de empleo. Plenos derechos sociales y sindicales.

Desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas  a todos los luchadores y las luchadoras populares. Libertad a Milagro Sala y todos los presos y pesas políticas.

Basta de criminalización de la protesta social, abajo el protocolo anti piquetes, basta de represión.

Basta de violencia contra la mujer. Ni una menos. El Estado es responsable.

Por tierra y vivienda para todas y todos. Basta de expulsión de los pequeños campesinos. Basta de envenenar a los pueblos rurales con agrotóxicos.

Fuera el imperialismo de América Latina. Unidad de todos los luchadores y luchadoras contra la explotación y la opresión.

DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO  KOSTEKI, ¡PRESENTES!

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSICIA

martes, 10 de mayo de 2016

Al Congreso de ATE: que expulsen al colaborador Juan Carlos Marín, de la dictadura genocida

Al Congreso de ATE
Al compañero Secretario General de ATE Provincia


Desde la Asociación de Ex  -Detenidos Desaparecidos (AEDD) queremos reiterar el pedido realizado por Justicia Ya La Plata solicitando se expulse del gremio a Juan Carlos Marín por su colaboración y por lo tanto participación durante el genocidio perpetrado por la dictadura en la zona de  Ensenada y Berisso.

Queremos recordar a este Congreso que los juicios en los que hemos demostrado el accionar genocida y por tanto condenar a un grupo de los represores, fueron construidos gracias a las declaraciones de los que pudimos salir del infierno de los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, así como el de familiares y vecinos de las víctimas. Por lo tanto para nosotros a priori de cualquier fallo o actuación judicial, estos testimonios son prueba suficiente para sindicar a los culpables.

Durante el juicio contra Fuerzas de Tareas 5 sustanciado en el TOF 1 de La Plata , en base al testimonio de 13 de estos testigos se envió al Juzgado de Instrucción el caso de Marín y otros jerarcas de Astilleros, el Supe y la UOM y el Sindicato de la Carne.

Queremos a manera descriptiva transcribir una parte del testimonio de Diomisio Puz, trabajador de Astillero Río Santiago que en la décima audiencia del juicio  señaló la estrecha relación entre la burocracia sindical y las fuerzas represivas del Estado; Dionisio contó, además, que la cúpula sindical colaboró con las fuerzas represivas aportado listas negras sobre los trabajadores. “Colaboraron con las Fuerzas Armadas, actuaron de colaboracionistas”, dijo Dionisio; rol que se comprueba también en otros testimonios en este juicio. Un dato que arroja luz sobre el asunto es que las personas que ocupaban puestos en la cúpula sindical no fueron afectadas ni desaparecidas por el aparato genocida activado por el Estado. Incluso siguieron ocupando sus puestos de poder posteriormente, durante los gobiernos constitucionales, como es el caso de Juan Carlos Marín, actualmente en funciones. La dirección patronal de ARS, las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical estaban de acuerdo y sumaron fuerzas contra los trabajadores.

Respecto del sindicato, recordó varios nombres: Averginau, Morales, Marín; este último fue quien acusó a la compañera Ana María Nievas en una comisaría. Nievas hizo luego la correspondiente denuncia contra Juan Carlos Marín. También recordó que “a los trabajadores nos sacaron con amenazas y armas cuando estábamos elaborando el convenio colectivo que hoy está vigente”.

Desconocemos la potestad de este Congreso para expulsar a Marín, pero de ser imposible por que así lo marcan los estatutos solicitamos que se denuncie públicamente el accionar de este durante la dictadura, que conste en actas que fue tratado este tema y que se arbitren los medios para instar a la justicia a que se lo procese y sea enjuiciado.
Sin más y en la seguridad en que seguiremos trabajando juntos en pos de la denuncia y la lucha contra las violaciones a los DDHH de ayer y de hoy, saludamos a este congreso.

                                      ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

martes, 3 de mayo de 2016

Comunicado de la AEDD frente a las amenazas a una estudiante de la Facultad Medicina de UNLP

Comunicado de la ASOCIACIÒN DE EXDETENIDOS DESAPARECIDOS (AEDD)

Al Sr. Presidente de  de la UNLP  Lic. Raúl Anibal Perdomo
AL SR: Vicepresidente del Área Institucional de la UNLP  Dr. Fernando Tauber                   
A la Vicepresidencia del  Área Académica de la UNLP  Prof. Ana María Barletta 
A la Sra. Decana de la Facultad de Cs. Médicas de la UNLP   Prof. Dra. Ana Lía Errecalde                                                                                                                                         
A los integrantes del Consejo Directivo de la facultad de Médicas de la UNLP                 
A la Cátedra Deontología y Medicina Legal de la UNLP                                                 
A la Federaciòn Universitaria de la UNLP                                                                                 Al Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs. Médicas de la UNLP                                 
 A la compañera Josefina Adobbati

Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) repudiamos al Consejero Directivo y docente de la Facultad de Cs. Medicas de La Plata, Jorge Luis Castillo, por la utilización de una pregunta en forma amenazante a la estudiante Josefina Adobbati cuando estaba rindiendo un final. Castilllo, quien no estaba tomando examen pero al ver que Adobabati estaba rindiendo,  la inquirió sobre si conocía los efectos de las heridas producidas por la aplicación de picana eléctrica con términos como “vos tenés que saber que es una picana, hoy hablaste en el Consejo Directivo de los Derechos Humanos y los desaparecidos” como también “si te llega un desaparecido a la guardia con lesiones de una picana (…)”.

La consejera estudiantil y ex presidente del Centro de Estudiantes, Josefina Adobbati, el día 20/4/16 fue parte de la presentación desde el claustro estudiantil por la mayoría, que llevó la propuesta para que se retire de la Sala del Consejo Directivo, el cuadro de García Mutto, el decano interventor durante la última dictadura cívico-militar.

El doctor Castillo continuando con la "tradición" de la agrupación Hoja de Roble, de la cual es miembro, se sintió molesto al igual que cuando el genocida y ex vice decano de esa facultad, Pérez Albizu fue exonerado por la UNLP, en forma inmediata,  de todos los cargos docentes y como funcionario académico e iniciándole  un juicio académico y acciones legales correspondientes a investigarlo por su accionar durante la última dictadura. 

Instamos al Dr. Castillo, ya que evidenció tener conocimiento de hechos de estas características durante las guardias médicas,  a que informe si estando él en alguna de estas o como profesional en alguna otra instancia, recibió algún paciente que estaba en condición de desaparecido o  con heridas equivalentes a haber padecido la tortura por acción de "picana eléctrica" y si informó, como es su obligación, de esa situación de violencia a las autoridades competentes, para no incurrir en el delito de encubrimiento,  recordándole que  el Código de Procedimiento en lo Penal impone a los profesionales del arte de curar la obligatoriedad de denunciar los delitos de acción pública según normativa impuesta por el art. 177 que dice: ...“ Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1- Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 2- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión...” .

En nuestra condición de haber sido víctimas de la desaparición forzada y de torturas, nos solidarizamos con  Josefina Adobbati, haciendo nuestro también el reclamo del Centro de Estudiantes de dicha facultad exigiendo el retiro del cuadro del interventor de la dictadura así como del cese de la discriminación y la persecución política en dicha casa de estudios.  

Contactos:

Nilda Eloy tel. 221-155865035
Carlos Zaidman tel. 221-155731407

lunes, 28 de marzo de 2016

DOCUMENTO DEL EMVJ - 24/03/16


Compañeras y compañeros

Hoy se cumplen 40 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. Este aniversario tiene un enorme valor simbólico.

Estamos en la Plaza, como lo hemos hecho sostenidamente durante cuatro décadas, para repudiar el golpe que instaló la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Más que nunca, nuestra cita es hoy con la memoria rebelde, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30 mil compañeras y compañeros detenidos - desaparecidos, a sus sueños de conquistar un país sin opresión ni explotación, ratificando el compromiso y la unidad en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy y por los derechos de los trabajadores y el pueblo.

Repudiamos hoy la presencia de Barack Obama, presidente de la principal potencia imperialista, responsable del sufrimiento de millones de personas en el mundo y también del pueblo argentino.

Estamos aquí, frente a un nuevo gobierno, el de Macri, con su política de ajuste, entrega y represión y su planteo de “reconciliación”, contrario a la memoria, la verdad y la justicia.

Hoy, a 40 años del golpe, repudiamos, a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.

Repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños, como paradigma del terror; el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños. Genocidio que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo: cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias, que habían ganado las calles a partir del Cordobazo.

La dictadura puso en marcha una maquinaria genocida sólo comparable con la Alemania nazi. Cada ciudad importante del país contó con campos de concentración, tortura y exterminio a cargo de las fuerzas armadas y de seguridad.

Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.

Repudiamos a los grupos del poder económico, al sector financiero, a los grandes empresarios, a los terratenientes, que planificaron y financiaron el golpe.

Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.

Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo:

¡¡ Exigimos justicia !!

¡¡ No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos !!

Este 24 de marzo estamos frente a un nuevo gobierno. Macri, en los primeros 100 días, ha marcado una clara direccionalidad de su política: Ministerios cubiertos por gerentes de grandes empresas y bancos. Ajuste, con despidos, tarifazos y más inflación. Entrega, con el arreglo con los fondos buitres. Todo para los de arriba, nada para los de abajo. Represión, con un protocolo que pretende sacar de las calles la presencia combativa de los trabajadores ocupados y desocupados y el conjunto del pueblo. Impunidad, actualizando la teoría de los dos demonios y llamando a la reconciliación. La presencia de Obama en la Argentina, verdadera provocación a la memoria colectiva, se corresponde con esta política.

El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas. Enfrentamos, construyendo memoria, todas las políticas de olvido, de impunidad, de criminalización de la protesta y de la pobreza impulsadas por los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura.

Hoy se cumplen 20 años de la conformación del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, verdadera multisectorial independiente de los gobiernos y referente fundamental en la lucha contra la impunidad de los genocidas, contra la represión y la criminalización de la protesta, por la vigencia de las libertades democráticas.

¡¡ Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy !!!

¡¡ Fuera Obama de Argentina !!!

¡¡ No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales !!!

La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que volteó al gobierno de De la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese logro histórico que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín. Así se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas.

Los juicios a los genocidas son una conquista extraordinaria de la movilización popular y no de ningún gobierno. Hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país.

Sin embargo, el resultado es de sólo 662 condenas. En muchos casos se repiten los condenados. Es el caso de Luciano Benjamín Menéndez, quien ya tiene en su haber más de 16 sentencias. Si consideramos que hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, a lo largo y ancho del país, las condenas alcanzan apenas la proporción de poco más de un genocida por campo de concentración. Los juicios a los genocidas se desarrollan a cuentagotas, de manera fragmentada, la mitad de los genocidas condenados, hoy gozan de prisión domiciliaria.

Los socios y cómplices civiles de la dictadura -empresarios, jueces, políticos- permanecen impunes. De la misma manera que los crímenes de la Triple A y de las otras bandas fascistas.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que disponían de los recursos políticos para agilizarlos, no lo hicieron y así en cada uno de estos juicios nos enfrentamos a un aparato judicial que actúa como garante de la impunidad.

Denunciamos que el Estado continúa ocultando los archivos de la dictadura militar. La desclasificación prometida fue una farsa. Los documentos difundidos por el Ministerio de Defensa eran ya conocidos o directamente irrelevantes. Exigimos la apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia, y de la Iglesia.

Por otra parte, el kirchnerismo se negó a tratar los indultos, declarados inconstitucionales tiempo después por la Corte Suprema de la Nación.
El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios se sustancian exclusivamente con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares.

La segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López fue encubierta por el gobierno kirchnerista que no tomó ninguna medida para investigar a la bonaerense, ni a los servicios de inteligencia.  A 10 años, los responsables políticos y materiales siguen impunes.

¡¡ Exigimos su aparición con vida y castigo a los culpables !!!

Si algo desnuda el doble discurso de la etapa de los gobiernos kirchneristas es la continuidad en funciones de miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia, que actuaron bajo la dictadura. Los casos paradigmáticos han sido el nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército, la sanción de las leyes antiterroristas, las represiones de Berni y el proyecto X.

Con el nuevo gobierno volvieron a asomar la cabeza los partidarios de la “teoría de los dos demonios” y las operaciones para terminar con los juicios. Los funcionarios macristas, hablan abiertamente de reconciliación. El Secretario de DD. HH., Claudio Avruj, propone mandar a los genocidas condenados a sus casas y recibe a los familiares de los militares genocidas como si fueran víctimas. En el mismo sentido, Lopérfido niega la existencia de 30.000 detenidos - desaparecidos.

Macri nombra a genocidas como funcionarios de su gobierno. El caso más grave es el del Coronel retirado Osvaldo Tosco, designado director general de política internacional del Ministerio de defensa, quien participó del Operativo Independencia y fue instructor sobre métodos de tortura en Mar del Plata durante la dictadura.

Macri pretende lavarle la cara a su gobierno y a los gobiernos imperialistas de Hollande y Obama, paseando con ellos por el Parque de la Memoria.

No les será fácil avanzar en ese camino. Así como los trabajadores de prensa se rebelaron contra la editorial pro amnistía del diario La Nación, estamos en esta plaza demostrando que somos miles los que seguimos luchando contra la impunidad.

Más que nunca, 30.000 compañeros y compañeras detenidos - desaparecidos ¡ presente ! ¡¡ Ahora y siempre !!.

¡¡ Apertura de los archivos de la dictadura !!

¡¡ Cárcel a todos los genocidas por todo los compañeros !!

En este 24 de marzo repudiamos la presencia en la Argentina, de Barack Obama, máximo representante político del imperialismo yanqui. El gobierno de EE. UU. apoyó activamente el golpe, junto a otras potencias imperialistas, y promovió dictaduras en todo el continente.

Obama se encuentra en nuestro país para apuntalar el acuerdo del gobierno de Macri con los fondos buitre y para impulsar nuevos acuerdos de cooperación entre las fuerzas de seguridad locales con el FBI y la DEA. Obama trae bajo el brazo un reforzamiento represivo y un mayor vasallaje en materia militar.

La desclasificación de todos los archivos sobre la dictadura es uno de nuestros reclamos históricos, que no debe ser materia de negociación con los representantes imperiales sino una exigencia incondicional. El gobierno de Obama, que los mantuvo secretos, ahora los ofrece como promesa para apuntalar el operativo de reconciliación del gobierno de Macri. No hubo guerra sucia, como dice el Departamento de Estado, sino un genocidio al que el imperialismo yanqui brindó su apoyo.

Los yanquis son los ideólogos del involucramiento de las fuerzas armadas en la represión interior, que comenzó en el gobierno anterior en nombre de la “lucha contra el narcotráfico” a través de operativos como el “Escudo Norte” y de la militarización de las barriadas populares.

Las leyes antiterroristas, aprobadas a instancias del GAFI, durante los gobiernos kirchneristas, para reprimir la protesta, son mantenídas por el gobierno de Macri, que profundiza este rumbo, decretando la emergencia en seguridad.

¡¡ Fuera Obama de Argentina !!

¡¡ Fuera los imperialismos de América Latina !!

Durante estos años, desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia unimos las banderas de lucha de nuestros 30 mil desaparecidos con las de las generaciones actuales.

Nos une la defensa del derecho de los trabajadores y del pueblo: el derecho a luchar. Sin él, no hay derecho alguno.

El “protocolo” Macri - Bullrich -que suscribieron la mayoría de los gobernadores- es un ataque directo al derecho a la protesta. El “protocolo” apunta a reprimir, perseguir y encarcelar a los luchadores obreros y populares que salen a enfrentar el ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. También amenaza la cobertura periodística de los conflictos para garantizar la impunidad del accionar represivo.

Macri prepara los palos, como los que ya sufrieron los obreros de Cresta Roja, los municipales de La Plata, los docentes de Santiago del Estero, los trabajadores de la construcción y municipales de Santa Cruz, los compañeros de ATE Mendoza, los militantes de organismos de DD. HH., estudiantiles, de trabajadores, perseguidos por el gobierno de Morales en Jujuy, los familiares de Ängel Verón en el Chaco.

Exigimos la investigación inmediata de la muerte, el 18 de marzo, del piquetero Pablo Moreno, en Tartagal, Salta, que estaba detenido junto a otros 4 compañeros desde septiembre de 2015.

¡ Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales !

Una de las manifestaciones de la política macrista de criminalización de la protesta ha sido la detención ilegítima e ilegal de Milagro Sala, presa desde el 16 de enero por encabezar un acampe frente a la gobernación de Jujuy, contra el gobierno provincial. También se encuentran detenidos en Salta, desde el 8 marzo, por el gobierno de Urtubey, el compañero Nelson Salazar, de la Corriente Clasista y Combativa, y numerosos compañeros, por luchar por techo, tierra y trabajo

¡ Exigimos su inmediata libertad !

Rechazamos el “protocolo” macrista del mismo modo que, durante los gobiernos K, repudiamos los proyectos anti piquete, las condenas a cadena perpetua contra los petroleros de Las Heras, las 21 condenas a los docentes y camioneros de Tierra del Fuego y su exoneración del Estado, la represión a los trabajadores de Lear, procesados hace unos días junto a los dirigentes que apoyaron el conflicto.

Denunciamos las facultades otorgadas por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a las policías Federal y Metropolitana para detener a cualquier persona por portación de rostro y a utilizar las pistolas Taser; denunciamos el regreso de las patotas del gobierno porteño contra las personas en situación de calle, a las que expulsan violentamente de sus ranchadas.

Denunciamos que, a 22 años de la masacre de la AMIA, el gobierno de Macri no se propone esclarecer el atentado. Bajo la presión de DAIA, de AMIA y el Estado de Israel, impulsa un "juicio en ausencia" contra los iraníes para imponer condenas formales en ausencia de acusados, de testigos y de pruebas. Quieren dar por cerrado el tema del atentado sin investigar la responsabilidad del Estado para ratificar la vieja historia oficial. El juicio oral que el gobierno de Cristina Kirchner presentó como si fuera contra el encubrimiento de Menem, la SIDE y Galeano ya está agotado y se sustancia con los archivos secretos cerrados, mientras Stiusso no va a declarar ni siquiera como testigo.

Para conocer la Verdad y lograr Justicia, es hora de constituir una Comisión Investigadora Independiente, con acceso irrestricto a todos los archivos secretos.

Desde esta plaza denunciamos que el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a José Pedraza, condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Mariano Ferreyra y las tentativas de homicidio de Elsa Rodíguez y otros compañeros, constituye otro eslabón en la cadena de impunidades. Pedraza cumplió en la cárcel apenas un tercio de su condena.

¡ Reclamamos cárcel común y efectiva para José Pedraza y para todos los responsables políticos y empresarios del crimen de Mariano Ferreyra !

También exigimos que no se cierre el juicio a los responsables políticos del asesinato de Carlos Fuentealba

¡ Juicio y castigo a Sobisch !

Los familiares de las víctimas de la masacre de Once lograron la condena de buena parte de los funcionarios y empresarios responsables de la muerte de 52 personas y centenares de heridos. Pero detrás de Jaime y los Cirigliano se encuentra Julio De Vido, arquitecto de todos los negociados que enriquecieron a los vaciadores del sistema ferroviario.

¡ Castigo a todos los responsables y que se nacionalicen los ferrocarriles bajo control de sus trabajadores y el pueblo !

¡ Alzamos también nuestra voz por los más de 4.000 compañeros procesados por luchar !

Por los compañeros asesinados en luchas y movilizaciones populares durante los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura, por Darío y Maxi, por los 4.644 asesinados por “gatillo fácil” y torturas en cárceles y comisarías y por los más de 200 jóvenes desaparecidos, como Luciano Arruga, en los últimos gobiernos constitucionales, ¡ exigimos Justicia !

Por los hermanos qom asesinados en Formosa y Chaco, ¡ exigimos Justicia !

Por las más de 3.200 mujeres desaparecidas en las redes de trata, ¡ exigimos Justicia !.

¡¡ Exigimos aborto legal, seguro y gratuito !!!

Exigimos también:

¡¡ Ni una menos !!

¡¡ Basta de femicidios !!

¡¡ Basta de travesticidios !!

¡¡¡ El Estado es responsable !!!

Desde esta plaza denunciamos la política de entrega y ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos locales.

El pacto entreguista de Macri con los fondos buitre, avalado por la mayoría de los gobernadores, corona la seguidilla de acuerdos ruinosos para el país sellados por el gobierno anterior: pago al FMI y al Club de París, arreglos en el CIADI, indemnización a Repsol. El objetivo estratégico es el mismo: el reendeudamiento para poner a salvo las ganancias de los grandes grupos monopólicos y descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo.

Repudiamos el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa; la devaluación y las exenciones impositivas a favor de los monopolios contaminantes de la megaminería y de los grandes terratenientes y pooles de siembra asociados a Monsanto; repudiamos los acuerdos secretos con Chevrón y la cesión de territorio y derechos nacionales para la instalación de una base militar china en la provincia de Neuquén. No olvidamos que la dictadura estatizó la deuda de más de 70 grandes empresas, entre las que se encontraban SOCMA y SEVEL del grupo Macri.

Pero la política macrista, ya en sus primeros 100 días, enfrenta una creciente resistencia popular.

El paro y las movilizaciones de los trabajadores de ATE, FesProSa y Conadu Histórica del 24 de febrero, contra los despidos y el ajuste, que recorrieron todo el país y marcharon también hasta esta Plaza de Mayo, fueron una muestra de la enorme disposición de lucha que existe en el pueblo para defender salarios y puestos de trabajo.

Hoy, los trabajadores de Tierra del Fuego encabezan una histórica lucha popular contra el impuestazo y el saqueo de las cajas previsionales de la gobernadora Bertone, del Frente para la Victoria.

También se extiende la lucha de los trabajadores en Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner.

Los docentes de Santiago del Estero están masivamente luchando en las calles por su salario protagonizando marchas que nuclearon a más de 15.000 trabajadores de la educación y los docentes mendocinos cumplen el tercer paro contra el ajuste del gobernador Cornejo. La CTERA llama a un paro nacional para el 4 de abril.

También los periodistas luchan contra los despidos del Grupo 23 y Radio América.

Los movimientos sociales de desocupados y cooperativistas, ante la falta de respuesta desde el Ministerio de Acción Social, han salido a la calle y realizado el 16 de marzo un masivo corte en la 9 de Julio.

El mismo día, miles de trabajadores estatales, marcharon a la gobernación en La Plata en el marco de una jornada nacional de paro. Los trabajadores bancarios del Banco Provincia de Buenos Aires y del Central, y los del Posadas resisten los despidos y existen muchos organismos estatales donde sus trabajadores están protagonizando numerosas medidas de lucha, como Agricultura, Conectar Igualdad o los del área de Cultura. Los asambleístas de Andalgalá y de Jáchal resisten con acampes la política extractivista de saqueo, contaminación y muerte.

Desde esta tribuna, proclamamos todo nuestro apoyo a los estatales, docentes, trabajadores de la salud, periodistas, bancarios, metalúrgicos, a todos los trabajadores, contra los despidos y en reclamo de aumento de salarios. Llamamos a la mayor unidad de los trabajadores y el pueblo en la lucha para enfrentar el plan de ajuste, entrega y represión de Macri y los gobernadores.

Por todo esto, compañeros y compañeras, estamos aquí.

Hoy, a 40 años del golpe, nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo que luchan contra la agresión de los imperialismos.

Hoy, a 40 años del golpe genocida seguimos luchando, porque cada conquista obtenida nos da más fuerza para seguir, porque así hicimos retroceder a la dictadura, porque así rompimos la impunidad absoluta que se quiso imponer con leyes e indultos y enfrentamos a los gobiernos del hambre y la entrega, porque así llevamos a juicio y condena a muchos represores, porque así recuperamos 119 nietos, porque así no nos doblegaron y hoy estamos aquí y en las plazas de todo el país, miles de argentinos y hermanos latinoamericanos, que no olvidamos y no perdonamos, que vamos a seguir por memoria, verdad, justicia y por la liberación para nuestro pueblo.

Porque a 40 años hoy estamos aquí, decimos:

30.000 compañeros detenidos - desaparecidos ¡ presente ! ¡ ahora y siempre !