martes, 24 de enero de 2017

LA MEMORIA NO SE CORRE - Por APDH Regional Rosario

El 24 de marzo de 1976 se usurpó  el poder estatal en nuestro país. Comenzó así la más sangrienta de las dictaduras del siglo XX, que perpetró un genocidio para imponer un modelo económico de hambre y exclusión de las mayorías populares,  profundizado aún más en los 90.

Lamentablemente, por estos días, quienes manejaban los hilos de aquella sangrienta dictadura llegaron al gobierno por primera vez por el voto popular. No es un dato menor, cuando la realidad nos muestra que avanzan a gran velocidad sobre las conquistas de las mayorías.-
Pero ese mismo 24 de marzo de hace más de 40 años, comenzó  a gestarse en forma inmediata la resistencia a los avances dictatoriales, esa resistencia que persiste hasta el presente y tanto nos enorgullece.

CAMBIAR EL FERIADO DEL 24 NO ES UN A MEDIDA INGENUA, resta valor a una fecha que está marcada a fuego en nuestra MEMORIA COLECTIVA. 
El gobierno actual comprende mejor que nadie el valor de los símbolos, recordemos sus "dudas" en relación al número de compañeras y compañeros desaparecidos. Y tantos otros gestos y provocaciones QUE PONEN EN DUDA EL GENOCIDIO, en un camino sinuoso y disimulado que lo justifica y  busca la impunidad de sus ejecutores.

La respuesta de APDH  Regional Rosario es, como siempre ha sido, sumarnos a las calles el próximo 24 y todos los que le sigan, independientemente de la fecha que el calendario oficial indique para conmemorar ese día bisagra en nuestra historia constitucional.

De no existir  las luchas y gestas de los organismos de DDHH, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles, organizaciones políticas, etc., no se hubiera proclamado feriado el 24 de Marzo como nuestro día de la Memoria , Verdad y Justicia.
Antes de su designación pública, hemos concentrado, gritado…marchando, escrachando,  pintando… disertado, llorado, puteado… escribimos, convencimos, discutimos, aclaramos, y seguíamos luchando por castigo a los genocidas.
Como siempre.

Hoy la conmemoración se ha ampliado.
 APDH, Madres de la Plaza 25 de Mayo, Abuelas,  HIJOS, LADH, Familiares de desaparecidos, Ex Detenidos Desaparecidos, M.E.D.H., CEPRODH…todos y todas  celebramos la participación de nuevos  colectivos, colegios, particulares. Y jóvenes, siempre miles y miles de jóvenes.
 Esta ampliación producto de nuestras luchas derivó al reconocimiento público del 24 de marzo en tanto Feriado Nacional Día de la Memoria , Verdad y Justicia.
Pero también fue mucho más allá. Nos dio la posibilidad de que las nuevas  generaciones nos  preguntaran porqué fue posible….

Por todo esto y mucho más, hasta que el último genocida sea enjuiciado y cumpla su condena en cárcel común, hasta que el último responsable, de uniforme o no, cumpla la debida condena, hasta que el último/a desaparecido/a nos sea devuelto o el último nieto robado recupere su identidad,   la APDH Regional Rosario, junto a las organizaciones hermanas,  los sobrevivientes y quienes ganan las calles año tras año, marcharemos para que la MEMORIA SE CONVIERTA EN VERDAD Y JUSTICIA.

Nuestra organización trabaja incansablemente en pos de estos postulados y esta afrenta presidencial sólo nos da más valor y aún más fortalecidos, continuaremos en las calles.

Las marchas en todo el país, y en Rosario en particular, pertenecen a quienes creemos que aquellos que impusieron las políticas de hambre a sangre y fuego, manejan hoy los destinos de la Argentina , y sabemos que ninguna conquista es inamovible, por el contrario requiere ser defendida sin cuartel, y podemos decir con orgullo que hace más de cuatro décadas estamos presentes en cada una de esas luchas.

Como siempre, redoblaremos esfuerzos para que la próxima marcha, que será masiva sin dudas, caminaremos gritando con una sola voz por la Memoria , la Verdad y la Justicia y contra todas las injusticias que atacan a la dignidad humana.
Para terminar con esas injusticias, vivieron , lucharon y murieron nuestro/as 30.000.-

NO OLVIDAMOS,  NO PERDONAMOS,  NO NOS RECONCILIAMOS

Norma Rios - APDH Regional Rosario
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Rosario,   23 de enero de 2017-

martes, 6 de diciembre de 2016

Reflexiones sobre del estado de los juicios a los genocidas a diciembre de 2016 TRANSICIONES Por HIJOS La Plata

 Para Enrique “Cachito” Fukman,
que nos enseñó el camino y sus dificultades.


En su texto de comienzos de la década pasada “Conflictos de la memoria en la Argentina” el reconocido historiador, psicólogo y ensayista Hugo Vezzetti afirma que en el surco de los Derechos Humanos sigue abierta “una recuperación pública y una edificación política y jurídica de la memoria y de una acción efectiva sobre el pasado”. (1) Vezzetti señala que en la experiencia argentina de constitución de una memoria social, que ha sido herencia de la dictadura, “en la intersección de memoria y política se sitúan las apuestas decisivas e inciertas de una formación duradera, equilibrada, de la relación justa entre memoria del pasado e imaginación y voluntad proyectadas al futuro”. Ninguno de esos elevados conceptos parecen representar un valor en esa suerte de conocimiento adquirido sobre lo que produjo la dictadura, y de lo que “quedó definitivamente atrás” como propio del Estado criminal, superación que se ha dado por sentada en cada uno de los gobiernos constitucionales en Argentina del '83 a la fecha.

Quienes conocíamos la performance del represor Daniel Scioli en la violación masiva de derechos en La provincia de Buenos Aires desechamos el año pasado el mal menor y el balotaje de los Derechos Humanos como rumbo político, porque sostenemos la independencia del Estado y los gobiernos como eje fundante. Sin desconocer lo que el triunfo de Macri auguraba, analizamos ahora las consecuencias de las políticas de una gestión que ingresó a la Casa Rosada instalando una falsa contradicción entre “lo pasado”, esto es un absoluto de crisis, conflicto y divisiones, y el “futuro” como un abstracto de unión y prosperidad que ellos vendrían a representar. Trasladada a las políticas de Derechos Humanos esa interesada dicotomía muestra a los actuales detentadores del poder estatal haciendo agua por varios flancos: desde las calurosas recepciones del secretario nacional del área, Claudio Avruj, a familiares y admiradores de varios reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, hasta las expresiones del gestor cultural Darío Lopérfido poniendo en duda el símbolo de los 30.000 desaparecidos, pasando por la negación de Macri de la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”, y con puntos álgidos en la visita del presidente Obama, Nobel de La Paz que bombardeó 7 países en 6 años, en una sentida fecha como el 24 de marzo, y la venia al desfile de los genocidas del Operativo Independencia en Tucumán en la conmemoración oficial del Bicentenario de la independencia, no hacen más que mostrar a los funcionarios del gobierno tal cual son y, si se permite la exageración, “piensan” los procesos de Memoria. Lo que el kirchnerismo no supo ni quiso impulsar presa de los propios límites y contradicciones de su intervención política (Carlos Pedro Blaquier y Cesar Milani, socios políticos de la gestión y testigos de lo que afirmamos), el macrismo lo atrasa. Atrasa porque no aporta en lo más mínimo a profundizar o cuestionar las representaciones habituales del pasado reciente y en su patriotismo de shopping abona a los perimidos argumentos típicos de la derecha como que pedir justicia es “buscar revancha”. Atrasa porque está lejos de interesarle plantear un marco de recuperación

y de sentido de la Memoria en el presente, y está más cerca de echar mano al lenguaje autojustificador castrense del Genocidio, que por otra parte le pertenece por una cuestión de clase. Y atrasa porque si en la última década el Estado vociferaba logros intentando impostar el lenguaje de las víctimas, lo que genera chispazos no menores cuando las voces de nuevas víctimas o sus familias reclaman contra la persistente omnipotencia del Estado, ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano, o mejor al nivel de lo que el español Ortega y Gasset llamaba “barbarie del especialismo”. (2) Si el filósofo fundó el término desde la derecha para analizar la irrupción social del hombre-masa y la atomizacion de la cultura en el siglo XX contra el conocimiento holístico, resulta que hoy las elites gobernantes de la tecno derecha en el siglo XXI se caracterizan por buscar representar la opinión del hombre medio, acrítica, anti-histórica y despolitizante, pero siempre desde el espacio de poder.

Los Juicios

En este contexto, el balance anual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 29 de noviembre de 2016 el Estado argentino sólo efectivizó 167 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 168 juicios hubo 1.033 procesamientos, y como resultado se dictaron 918 condenas sobre 712 represores, hubo 103 absoluciones, 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 5.015 víctimas. (Los guarismos pueden verificarse en la base de datos de HIJOS La Plata en www.hijosprensa.blogspot.com)

Esto quiere decir que en 10 años de juicios alrededor del 43% del total de los 2.400 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 38% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los 260 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 712 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, el 40% de los procesados y condenados goza del beneficio de la detención domiciliaria, y hay menos de 180 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes, donde según datos del Ministerio Público Fiscal a agosto de 2016 el 61 % de los 10.624 presos del Servicio Penitenciario Federal está encarcelado preventivamente, es decir sin condena, y donde 9 de cada 10 jóvenes adultos presos, generalmente por infracción a la ley 23.737, cumple la preventiva como ejecución anticipada de pena.

Con un pico de actividad en 2012 los juicios vienen decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21 en 2015 y sólo 15 procesos terminados a fines de noviembre de este año. Aún con varios procesos en curso con fecha de sentencia para diciembre, lejos se está de modificar la caída de los últimos años.

Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores.

Tampoco se avanzó masivamente en las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. En marzo pasado se condenó al empresario del transporte Marcos Levin junto a tres policías salteños por el secuestro y torturas de un chofer de la empresa La Veloz del Norte, y en abril recibió 12 años por encubrir homicidios y tormentos y como integrante de asociación ilícita el ex juez Roberto Catalán, en el proceso realizado contra Menéndez y otros jerarcas del 3er Cuerpo de Ejército en La Rioja que incluía el caso por secuestro y torturas de Plutarco Schaller, denunciante junto a otros sobrevivientes y a la familia de Ledo de Cesar Milani como integrante de las patotas de la represión en esa provincia. La efectiva indagatoria al general K, que como joven suboficial firmaba la deserción de soldados desaparecidos, se hizo esperar otro año y solo fue citado a dar explicaciones en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Respecto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 380 casos de restitución de identidad por resolver, sólo dos hechos fueron llevados a juicio este año, llevando a 22 los procesos específicos realizados en 10 años por aquel delito. En abril pasado fueron condenados en Santa Fe el policía Juan Perizotti y el ex juez Luis María Vera Candiotti por la apropiación de María Carolina Guallane. En el caso de Candiotti también se lo sentenció por prevaricato en un juicio que incluyó otros 20 casos de secuestros, torturas y homicidios. También en Santa Fe pero en septiembre pasado, se condenó a la apropiadora, hija de un civil de inteligencia de Fuerza Aérea, y a la médica que facilitó la entrega en el caso de José Luis Maulin Pratto, nieto recuperado 120 que debió dar una dura batalla por recuperar su verdadero apellido.

También tuvieron sentencia este año importantes procesos que van completando el complejo esquema real de la represión del Plan Sistemático de exterminio desplegado en todo el país en dictadura. El juicio por los CCD La Ribera y La Perla, que incluía 716 casos registrados desde fines de 1975 y sobre un amplio arco de represores militares, policiales, penitenciarios y civiles de inteligencia, arrojó un fallo con 38 condenas, la mayoría a perpetua, y con 5 represores absueltos de todos los cargos. Se trata del juicio más importante de Córdoba, del 3er Cuerpo de Ejército y de todos los concluidos hasta ahora en estas causas, siempre en término de la cantidad de víctimas.

El proceso específico por el “Plan Cóndor”, que antes sólo había sido revisado parcialmente en causas por los CCD “A.B.O.”, “Automotores Orletti” y “Vesubio” llegó a su fin en mayo pasado con 15 condenas sobre 109 víctimas, en su mayoría por asociación ilícita y tormentos dada la coordinación represiva que significó el operativo, aunque también arrojó dos absoluciones.

Tras distintas postergaciones, concluyó en mayo el juicio por el secuestro y homicidio en 1983 de los militantes de Montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Las condenas a los jefes militares Pascual Guerrieri y Luis Muñoz y a los policías Luis Patti y Juan Spataro compensan una causa que se inició sobre el final de la dictadura y que había sido manipulada y cerrada en procura de impunidad. Sin embargo las absoluciones de los jerarcas Reynaldo Bignone, Rodolfo Rodríguez y otros policías señalados en el caso hicieron incompleto el sentido del fallo.

El único proceso realizado por los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando del V Cuerpo del Ejército, denominado “La Escuelita 4” fue un verdadero bochorno. El proceso volvió a sentar en el banquillo a varios de los condenados en 2009, 2012 y 2014, pero con imputación por 28 casos distintos tanto de los CCD "La Escuelita", como la comisaría 24° de Cipolletti y delegaciones de la Policía y Servicio Penitenciario federales y de la Gendarmería. Los jueces Guido Otranto, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido probaron delitos gravísimos, de hecho es la primera vez que se dictan condenas en Neuquén por el homicidio de personas que permanecen desaparecidas, pero solo aplicaron una perpetua al jefe de la subzona militar, más 12 condenas menores de entre 4 y 10 años a connotados represores como Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Gustavo Vitón e Hilário Sosa, y hasta dos condenas a 3 años en suspenso para probados integrantes de las patotas de la zona y con el polémico criterio de ser coautores en solo 1 caso. Además absolvieron a 4 represores, coincidentemente nuevos imputados, por beneficio de la duda.

Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, aunque este año comenzó a juzgarse la megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán y recibieron condena en CABA 5 represores de la Triple A, entre ellos Jorge Conti, Carlos Villone y Julio Yessi, en una causa por asociación ilícita con penas menores. Con igual ambivalencia, está por llegar a sentencia el juicio contra un importante grupo de genocidas de la CNU en Mar Del Plata, pero se frustró dos veces el inicio de la causa contra dos represores de ese grupo de la derecha peronista en La Plata.

LAS NOVEDADES

La verdadera mala nueva sobre la revisión de los crímenes del Terror de Estado fue el infame fallo del 9 de junio de este año donde la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y disidencia de Ana María Figueroa, decidió anular la sentencia de 2013 sobre la Masacre de Capilla del Rosario, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ponerlos en libertad. (3) En lo esencial Riggi y Catucci consideraron que los hechos no encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral".

En principio cabe destacar que estos dos jueces opinantes fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Pese a que hace años hay elementos en las autopsias que demuestran que hubo ejecuciones (repetidos balazos en tórax y nuca), es interesante detenerse en la valoración que realizaron los jueces del contexto en el que se sucedieron los hechos, esto es agosto de 1974, ya muerto Perón y gobernando Isabel Martínez. El doctor Riggi opinó que si bien había un clima de violencia y se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas, en todo caso el Estado respondía como contrapartida y con “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas”. Es más, citó profusamente el discurso de Perón tras el ataque al cuartel de Azul en enero del '74, no solo en cuanto afirmaba que el gobierno nacional atacaría “al mal en sus raíces, echando mano a todos los medios y movilizando todos los recursos necesarios”, sino también cuando señalaba que “el movimiento nacional justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo”. Por su parte la doctora Catucci entendió que el suceso no se corresponde con un plan sistemático, descalificó a los testigos por conceptuarlos partícipes de hechos delictivos y llegó a decir que “sin desconocer que el resultado letal de muerte de los individuos que no lograron huir como sus compinches (SIC) y que es lo que llevó a percibirlos crímenes de lesa humanidad, esa concepción no puede asentarse en el resultado sino en todas las circunstancias que permitieron apreciar las diferencias con aquéllos”.

El fallo es un alerta importante porque se trata de un tribunal federal de segunda instancia, que revisa lo actuado en primera instancia por los tribunales orales, y que ha argumentado con inconsistencias y arbitrariedades varias. La discusión que se abre con este fallo sobre el carácter real de los delitos investigados, porque todavía hay resistencias judiciales a reconocer plenamente que hubo crímenes de Estado entre 1973 y 1976 y que esos crímenes son delitos de lesa humanidad, con todo lo que la definición conlleva. Si no fueron crímenes de lesa humanidad, como pretenden Riggi y Catucci, fueron crímenes de guerra, que tampoco prescriben. La mayor paradoja de este fallo, que ya ha sido apelado por las querellas del juicio y recurrido por el Fiscal General, es que se pronuncia justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, y principalmente por tratarse de una gestión constitucional, que es desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos. Es allí donde aparece el verdadero “elemento político” de los fallos en este tipo de juicios.

Pero sabemos que este tema lleva a un dilema político. Así como el alfonsinismo negoció y puso un freno a la investigación de los crímenes de la dictadura con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la gestión menemista intentó sembrar la impunidad superlativa y perdonando con indultos desde el Estado y con pretensión de igualdad a los asesinos de la dictadura, a los criminales de la guerra de Malvinas y a los compañeros militantes con causas pendientes por su actividad política en los '70. En 2007 una verdadera caja de Pandora se abrió cuando el impresentable juez Espartacus Oyharbide pretendió citar a indagatoria a Isabel Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A, y la ciudad de Buenos Aires apareció afichada con carteles firmados por la CGT, la Fraternidad y las 62 Organizaciones que rezaban: '”No jodan con Perón”. Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad no pueden ser nuevamente el límite de otro pacto político de impunidad. La responsabilidad del gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son ya innegables. Es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes. (4)

La Plata como TUBO DE ENSAYO

Para La Plata el 2016 fue un año de disputas más que de concreciones. Por un lado se realizaron los juicios por las desapariciones de Daniel Omar Favero y Paula Álvarez, que debería haber formado parte del juicio “Circuito Camps” de 2012, se condenó al represor del Regimiento 7 del Ejército Lucio Ramírez por 2 homicidios y un secuestro en casos residuales del juicio “Unidad 9” de 2010, y finalmente se inició el primer proceso en nuestra ciudad contra agentes de la Policía Federal por un raíd represivo de tres homicidios y tres desapariciones en octubre de 1977, causa que tiene muertos impunes y un prófugo como revés.

Por otra parte sucede que el 2016 comenzó en La Plata con el otorgamiento masivo de domiciliarias a los condenados a fin de 2015 en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5” y a otros represores como jefe de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense en dictadura, Horacio Elizardo Luján, con dos condenas a perpetua a cuestas; al ex integrante del Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, que estuvo prófugo 4 años y fue capturado en Panamá; al ex integrante de las patotas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan. Si en el juicio FT5 sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya La Plata se había logrado poner las cosas en su preciso lugar y sentenciar por primera vez en estos procesos a los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio, a tres meses de aquel fallo la sala II de Casación (jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma) benefició a la mayoría de los condenados con la domiciliaria fundando la decisión en razones humanitarias genéricas y sin tener en cuenta que han sido responsables de delitos gravísimos.

A través de este año también se desenvolvió el conflicto de poder desatado en el Tribunal Federal 1 de nuestra ciudad, el único que venía realizando los procesos orales y con un desempeño cada vez menos parejo. La renuncia del juez Carlos Rozansky y el cambio de composición del tribunal no auguraron avances ni mejoras. De hecho el nuevo TOF1, con Germán Castelli, Jorge Michelli y Roberto Lemos Arias, se despachó en agosto con un fallo favorable al otorgamiento de la domiciliaria al símbolo de la represión en nuestra zona, el múltiples veces condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, extinto de acción penal en la apropiación de Clara Anahí Mariani Teruggi y principal señalado en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez. Echando mano al seudo argumento de la “razón humanitaria” el tribunal se dejó llevar por la manipulación de los informes periciales de parte de la defensa del represor, que quería devolverlo a su chalet de Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas de la ciudad de Mar del Plata. Sólo con la movilización popular y con solidez en los planteos unificados en los recursos de las distintas querellas de los organismos de DDHH logramos visibilizar la gravedad de tamaña decisión. En noviembre pasado Casación anuló el fallo del tribunal platense (votos del joven manos de pliegos Mariano Borinsky y del menemista Gustavo Hornos, con disidencia del juez K Juan Gemignani) y sostuvo que “las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja", que es lo que varias querellas planteábamos como criterio general desde el comienzo de la cuestión.

En un contexto donde el propio Ministerio Público Fiscal reconoce en sus informes que en la “década ganada” el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario (más de 400 genocidas), (5) y donde pocos tienen en cuenta que hasta el represor con más condenas en el país, Luciano Menéndez con 13 perpetuas y dos condenas menores, goza del beneficio de vivir en un casa, éste es el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en estos juicios: ser una mera formalidad.

En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva.

Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

Con esto suman 85 los genocidas condenados en La Plata en 15 juicios desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.

Pero además hay en La Plata unas 17 causas fragmentadas en instrucción, entre ellas las relativas a las Brigadas de Investigaciones de Lanús, Quilmes, Banfield y San Justo, con procesamientos que repiten los mismos imputados y que en definitiva incluyen nada más que 8 decenas de represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.

Con la causa por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, de la que se cumplieron 10 años de encubrimiento en septiembre, como elemento de impunidad que trasunta estos procesos de revisión del pasado reciente, comienza a dibujarse un panorama donde, si en algún momento los juicios de la ciudad de La Plata eran el faro para avanzar contra tanta impunidad acumulada, hoy nuestra jurisdicción muestra los límites generales del proceso de una pretendida “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.


(1) Hugo Vezetti, “Conflictos de la memoria en la Argentina. Un estudio histórico de la memoria social”, en http://historizarelpasadovivo. cl/downloads/vezzetti.pdf
(2) Jose Ortega y Gassett, “La barbarie del especialismo”, en “La rebeli'on de las masas”.
(3) Fallo completo en www.cij.gov.ar/d/sentencia-SGU -155067258.pdf
(4) Mas detalles en http://hijosprensa.blogspot.co m.ar/2016/08/los-verdaderos-so ldados-de-peron-al_18.html
(5) http://www.fiscales.gob.ar/les a-humanidad/imputados-detenido s-segun-tipo-de-detencion/


Seguimos exigiendo:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

CARCEL COM'UN, PERPETUA Y EFECTIVA.

BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.

HIJOS LA PLATA

viernes, 26 de agosto de 2016

Polémica en Argentina: Los represores a sus casas. Declaraciones de Carlos Zaidman (AEDD)

23 Ago 2016

Buenos Aires, Argentina. AFP.

Cárcel común o prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura (1976/83) suscita polémica en Argentina, luego de que un tribunal otorgara ese beneficio al emblemático ex jefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a perpetuidad. Dos jueces de la ciudad de La Plata (sur) concedieron el viernes la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 87 años, alegando “cuestiones humanitarias” o simplemente su avanzada edad, y generaron indignación entre víctimas directas, testigos en los juicios y organismos de derechos humanos.

El ex policía, que inició el 26 de julio una huelga de hambre, sigue preso porque la vuelta a su domicilio le fue denegada en otra causa. Desde que en el 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, tres años después de la anulación de las leyes de amnistía, los organismos humanitarios han bregado por “cárcel común y efectiva” para procesados y condenados.

Carlos Zaidman, una de sus víctimas, señaló a la AFP que el beneficio para los represores “no es nuevo, pero es un salto de calidad. Etchecolatz es emblemático, es como si lo dejaran ir a su casa a Alfredo Astiz”, el ex marino que infiltró a las Madres de Plaza de Mayo y fue condenado entre otros por el asesinato de dos monjas francesas y una joven sueca en 1977, advirtió.

“No estamos hablando de un viejito bueno y arrepentido, sino que está demostrado en los juicios que es un asesino serial, que ha secuestrado y torturado a miles y ha robado bebés”, advirtió Zaidman, de 64 años, sobre el ex jefe de inteligencia de la provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años tienen en Argentina derecho a la prisión domiciliaria por razones de salud, pero no se aplica de manera automática y depende de cada tribunal. De los 1.056 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. El resto está hospitalizado o en otras dependencias.

50 detenciones domiciliarias en era Macri


En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó “una aceleración”, dijo Zaidman. “Hay una política del gobierno de desandar lo caminado, un retroceso muy fuerte en derechos humanos y sociales”, consideró ayer el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar la cifra de 30.000 desaparecidos y decir en campaña que iba a “terminar con el curro (robo) de los derechos humanos”. Los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015, peronistas de centroizquierda), que impulsaron los juicios por delitos de la dictadura, dividieron aguas entre aliados y detractores en las organizaciones humanitarias.

miércoles, 17 de agosto de 2016

No sólo números, Por Guillermo Levy

Las declaraciones del presidente Macri no deberían hacernos quedar sólo en una disputa por los números reales de desaparecidos, cuando el conjunto de su declaración vuelve a la luz lo que piensa y siente una porción no menor de la sociedad argentina que avaló la dictadura y que desprecia y despreció siempre, a veces a los gritos y muchas veces solapadamente, todo avance en materia de derechos humanos.

Los números son imposibles de precisar justamente por la práctica misma de la acción genocida que sistematizó las enseñanzas que franceses y norteamericanos aprendieron –sin citar nunca la fuente– de sus maestros nazis: desaparición de cuerpos, destrucción de información y pacto de silencio que los genocidas siguen respetando a pesar de las mas de 700 condenas recibidas al día de hoy en juicios únicos en el mundo pero increíblemente relegados a los márgenes de las noticias.

Macri suele ser bastante más sincero que la media de nuestra dirigencia política. El número de desaparecidos se estableció en 30 mil en momentos de lucha contra la dictadura y de imposibilidad de acceder a más datos que las estimaciones provenientes de miles de denuncias en todo el país y la labor valiente y militante de cientos de familiares y amigos, que es puesta siempre bajo sospecha con estas declaraciones que dan cuenta, sutilmente, de un profundo desprecio por toda la lucha, reconocida internacionalmente, de los organismos de derechos humanos, en una época en la cual otros, como el grupo empresarial del que el actual presidente fue directivo muchos años, tenían otras preocupaciones.

Han pasado décadas desde que la Conadep registró 9300 desapariciones de los que se animaron a declarar y excluyendo a los que no declararon porque no aceptaron la política de derechos humanos del gobierno radical. Denuncias que aumentaron cuando el Estado en la década de los 90 implementó reparaciones económicas para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaba a la Argentina a aclarar y reparar, y decía que las leyes alfonsinistas de impunidad –Punto Final y Obediencia Debida– eran contrarias al derecho internacional. Ahí aparecieron más denuncias y luego con el fin de la impunidad –ya en la etapa kirchnerista– muchos se animaron a hablar por primera vez.

Muchísimos sobrevivientes del nazismo nunca hablaron o lo hicieron después de 20 o 30 años. En el año 2005, tuve la oportunidad de ir a Tucumán, donde todavía se hablaba popularmente de la época de la dictadura como la “época de la subversión”, donde los genocidas seguían teniendo un enorme poder económico y social. Hasta ese momento se conocía una sola sobreviviente de la “Escuelita de Famaillá”, primer campo de concentración que funcionó más de un año antes del 24 de marzo de 1976. Con la política de juicios y con la seguridad que daba un discurso estatal fuertemente condenatorio y reparatorio de ese pasado, empezaron a aparecer muchos más sobrevivientes de ese campo y estos meses se está sustanciando un juicio histórico en esa provincia.

Tenemos los desaparecidos que nunca volvieron y tenemos los miles de los que pasaron por el infierno del campo, una semana, tres, meses y algunos años enteros, y volvieron. Volvieron a una sociedad que no quería escuchar su testimonio tan fundamental para el conocimiento del horror. Volvieron cargando la culpa del sobreviviente –también calcada de la experiencia nazi– y muchas veces con la mirada injustamente sospechosa de compañeros y familiares. ¿Esos cuántos son? ¿Quién cuenta a los desaparecidos sobrevivientes? Seguramente, entre muertos, desparecidos que hoy continúan desaparecidos y secuestrados que estuvieron en el infierno de los campos y volvieron, tenemos muchos más de 30 mil.

La discusión no es matemática sino política. Macri, como lo fue antes Lopérfido, expresan a esa parte de la Argentina que avaló la dictadura y la represión y que se ha sentido profundamente violentada por el papel que tuvieron en el anterior gobierno la memoria, la reivindicación del carácter militante de los desaparecidos que la teoría de los dos demonios había dividido en “inocentes y culpables” y, sobre todo, la reparación del pasado dictatorial mediante el fin de la impunidad. Una porción de nuestra sociedad que forma parte de un núcleo duro, minoritario pero importante, que odia al kirchnerismo con muchas más razones de las que odió a Alfonsín por el Juicio a las Juntas.

Bronca difícil de manifestar en estos tiempos, porque se han construido pisos en la última década, sobre todo, que impiden la reivindicación o justificación del accionar de la dictadura como se podía hacer en los 80 o incluso en los 90, cuando en el principal programa periodístico de entonces se llegó a cuestionar abiertamente el derecho de las abuelas a recuperar a los “hijos de los terroristas”, como todavía se atrevían con impunidad a llamar a los desaparecidos.

Hoy por suerte, eso lo pueden murmurar o decir en reuniones privadas, pero no en público. Sin embargo, a veces aparecen expresiones honestas que dan cuenta de ese relato vivo pero tan mal visto hoy mayoritariamente. Reaparece hoy de la mano de esa derecha política y cultural –la tan denostada anteriormente por ellos– “teoría de los dos demonios” que hoy expresa quizás, la máxima concesión posible, para los perpetradores y defensores del genocidio. Agarrarse del relato más cercano posible a su reivindicación de la represión: Guerra Sucia, ahora que volvió la sintonía con el país del Norte, mezclada con el “hubo asesinatos de los dos lados”, reconociendo con resignación los propios pero denunciando que los derrotados de ayer, también mataron y apelan a la venganza disfrazada de justicia.

El uso de la expresión “guerra sucia” por parte del Presidente, traducida del término acuñado por los gobiernos y la inteligencia norteamericana, “dirty war”, es quizás más grave que la discusión sobre el número. Más allá de la carga simbólica de usar un término tan amigable para los represores argentinos y popularizado por el país con el que Macri hace gestos permanentes de genuflexión, dice lo que este gobierno, o sus principales dirigentes, realmente piensan: en la Argentina no hubo una masacre sistemática, planificada, en función de un proyecto de transformación económica y social conducida por civiles miembros de nuestros sectores de poder más concentrado, del que la familia del Presidente forma parte, sino una guerra donde la tortura, las violaciones sistemáticas a las mujeres detenidas, los asesinatos y el robo de bebés fueron la parte “sucia” de una guerra que junta en su suciedad a la violencia ejercida por las organizaciones armadas, infinitamente inferior cuantitativa y cualitativamente y, sobre todo, sin la responsabilidad estatal que convierte aquellos crímenes en forma sistemática en genocidio.

Sin aferrarse al número 30 mil que es más un símbolo que una realidad comprobable en forma tajante (aunque mucho más cercano a la realidad que los “9 mil”) se puede afirmar que los discursos que defienden en forma militante los “7 mil, 8 mil, 9 mil” “como hay en un muro” –que no es ni más ni menos que el Parque de la Memoria que está en la jurisdicción que Macri gobernó ocho años– no están discutiendo cantidades sino relatos, legitimidades. Están expresando su bronca por los términos “dictadura cívico-militar”, por los términos “crímenes de lesa humanidad”, por el término “genocidio” para explicar lo que pasó, por el rol protagónico y denunciante de los organismos de derechos Humanos y, sobre todo, su tremendo rechazo a la política del anterior gobierno de anulación de las leyes de impunidad, y a los juicios históricos que se siguen sustanciando, que quisieran anular, pero por suerte, hasta ahora, no pueden. Las 2 mil rondas de las Madres, el intento de detención de Hebe, la renuncia de Lopérfido y las declaraciones de Macri parecen volverse en contra de su manifestada intención de no anclarse en el pasado.

Quizás ese pasado todavía no esté tan cerrado y nos siga dando, todavía, muchos elementos para entender este presente.

* Docente de la carrera de Sociología (UBA) e investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio (Untref).

sábado, 30 de julio de 2016

ETCHECOLATZ DEBE CUMPLIR CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA

Los abajo firmantes manifestamos nuestro más enérgico repudio a la concesión de arresto domiciliario para el genocida Miguel Etchecolatz por parte los jueces subrogantes Germán Andrés Castelli, Roberto Agustín Lemos Arias y Jorge Michelli.

Condenado a cadena perpetua, pretende el represor el privilegio de ser trasladado a su domicilio por "razones de salud", las mismas que se le niega sistemáticamente a miles de presos en las cárceles del pais.

Entiende el tribunal que este genocida no presenta peligro de fuga ni entorpecerá en las otras causas en las que está siendo juzgado. Olvidan estos jueces, que Jorge Julio López permanece desaparecido y la relación manifiesta, aunque no investigada entre dicho represor y la segunda desaparición de López.
Este nuevo paso en dirección a una pretendida "reconciliación" auspiciada desde las más altas autoridades gubernamentales y el propio Vaticano, encontrará en los que luchamos durante 40 años por Memoria, Verdad y Justicia, la más férrea de las resistencias.


CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.

NO HABRÁ NI OLVIDO, NI PERDÓN, NI RECONCILIACIÓN.

A 10 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ,NO PASARÁN !!!


Primeras firmas:

AEDD-Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
APEL - Asociación de Profesionales en Lucha
APEMIA -Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia.
CADEP-Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
CEPRODH – Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
CMM-Colectivo Memoria Militante
CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
EATIP-Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial
LIBERPUEBLO-Asociación por la Defensa de la libertad y los Derechos del Pueblo.


 Organizaciones de Derechos humanos


Capoma -Centro de Accion Popular Olga Marquez de Aredez.
Cátedra libre de Salud y Derechos Humanos.
Familiares y amigos de Luciano Arruga.
Frente por los DD HH y la Dignidad de Mar del Plata.
H.I.J.O.S zona oeste.

HIJOS - La Plata 

Organizaciones Gremiales, Sociales y  Políticas

AGD UBA-Asociación Gremial Docente de la UBA.
CTA de los Trabajadores Pcia. De Buenos Aires.
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.
Trabajadores Sociales en La Roja En San Isidro.
Corriente Nacional Emancipación Sur.
Convergencia Socialista La Verdad.
CUBa-MTR – MIDO.
Corriente de Organizaciones de Base La Brecha .
FOB Regional BS AS.
La Retaguardia - Periodismo Social.
Organización Política Hombre Nuevo.
TPR-Tendencia Piquetera Revolucionaria.

Desde el exterior
Casapueblos
Solidaridad Obrera

Personales
Ana Bianco
Claudio Francisco Capuano
Nora Ciapponi
Ileana Celotto-Santiago Gándara-AGD-UBA
Hugo Russo-Daniel Pérz Guillén –CTA de los Trabajadores Pcia. De Buenos Aires.
Pablo Piatigorsky





miércoles, 29 de junio de 2016

Darío y Maxi : a catorce años, seguimos reclamando justicia

CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESION DE MACRI Y LOS GOBERNADORES

¡DARIO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO! 

CATORCE AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO  

EL ESTADO ES RESPONSABLE 

JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ-ALFREDO ATANASOFF-LUIS GENOUD-JORGE MATZKIN -OSCAR RODRÍGUEZ.  

A 14 años de los asesinatos de Darío y Maxi, aquel 26 de junio del 2002, volvemos a este puente emblemático para reclamar justicia por los compañeros caídos y a rechazar las políticas de hambre y  represión del gobierno nacional de Mauricio Macri y de los gobernadores provinciales. 

Hace 14 años, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación.  
Confiado en el respaldo de los grupos económicos y de poder que cargaron sobre las espaldas del pueblo la crisis capitalista de 2001, Duhalde arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle nuevamente por pan y trabajo. Su objetivo era el disciplinamiento social de los trabajadores y el  pueblo. 

La Masacre de Avellaneda  que ordenó su gobierno, decidida por toda la cúpula del poder político de aquel momento, fue ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia. No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros heridos con balas de plomo y centenares de detenidos en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturadas y golpeadas. 
Los grandes medios de comunicación comenzaron a difundir inmediatamente la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero la movilización popular y al coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa desbarataron el relato oficial.  
A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Gracias a eso, las vidas de Darío Santillán y Maxi Kosteki trascendieron, sus ejemplos se multiplicaron y hoy nos encontramos como todos los años reivindicando su lucha. 

Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.
Doce de los catorce años que transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón transcurrieron bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que llegaron al poder de la mano de Duhalde y acogieron a muchos de sus funcionarios, como Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre otros. 
Apenas asumió, Néstor Kirchner ofreció crear una comisión investigadora, pero sólo bajo la condición de que las organizaciones abandonáramos la lucha y renunciáramos a nuestra independencia. Trató de avanzar con la cooptación y la mentira, pero los familiares de Darío y Maxi y las organizaciones que hoy regresamos a este Puente Pueyrredón, rechazamos sus maniobras, denunciamos la impunidad y el encubrimiento de los gobiernos a lo largo de estos años y continuamos exigiendo una investigación independiente y sin condiciones. 
Querían que abandonáramos las calles y nunca lo hicimos. Seguimos luchando y movilizados contra la represión y el hambre ayer, hoy y siempre.
Catorce años transcurrieron desde la masacre de Puente Pueyrredón y los responsables de las provocaciones contra el movimiento piquetero; los que tomaron las decisiones e impartieron las ordenes aquel 26; los que dieron carta blanca a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmados; los que escribieron el libreto para justificar la masacre; esos responsables continúan impunes hasta el día de hoy.
La masacre de Avellaneda fue una decisión de Estado, avalada por todos los centros políticos y mediáticos de la clase capitalista. Al día de hoy, logramos que se desarchivara la causa judicial que debería investigar las responsabilidades políticas de la masacre y que fueran citados a declarar funcionarios del Municipio de Avellaneda, luego de años de tener la causa en un cajón en el juzgado de Ariel Lijo. Pasaron cuatro fiscales pero jamás avanzó un centímetro. Muchas de las medidas de prueba que presentamos –como cruces de llamadas telefónicas entre los involucrados y el detalle de la cadena de mandos de las fuerzas represivas que intervinieron- no fueron respondidas.  Hoy seguimos exigiendo celeridad y que la justicia avance en la causa e investigue a fondo la represión y asesinato a nuestros compañeros. 
Exigimos juicio y castigo.
A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión. 
A Aníbal Fernández, provocador todo terreno contra el movimiento piquetero y los luchadores durante los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina. 
A Jorge Matzkin, ministro del Interior del gobierno de Duhalde.
A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación, refugiado en el partido de Sergio Massa.
A Alfredo Atanasof, otro devoto kirchnerista que fue jefe de gabinete de Duhalde y vocero de las provocaciones de aquel gobierno durante los días previos a la Masacre de Avellaneda 
Al ex gobernador Felipe Solá y al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi que también integran el Frente Renovador de Sergio Massa. 
A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, actualmente  miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense. 
Carlos Soria, el ex jefe de la SIDE, que jugó un papel clave en la represión asesina, murió impune a manos de su esposa poco después de ganar la gobernación de la provincia de Rio Negro por el Frente para la Victoria. Todos ellos siguen formando parte del establishment político como funcionarios u operadores políticos y de esa manera han garantizado su impunidad. 

Hoy volvemos a este Puente para reclamar juicio y castigo a los responsables de planificar y organizar desde el Estado los asesinatos de Darío y Maxi y también para denunciar los atropellos contra los trabajadores ocupados y desocupados, contra los jubilados, contra la juventud y las mujeres por parte del gobierno de Macri. Denunciamos el brutal ajuste que el gobierno nacional y los gobernadores descargan sobre el pueblo.
Rechazamos el tarifazo sobre los servicios y el transporte, los despidos, la precarización laboral y la inflación que carcome los ingresos de la familia trabajadora. 
En seis meses, los ajustadores crearon un millón y medio de nuevos pobres imponiendo un retroceso sin atenuantes del poder adquisitivo de los salarios; a los más de 150 mil despidos en el Estado y en las empresas, se suman cada día nuevas suspensiones y vacaciones forzadas. En los barrios, recrudece el hambre. 
La llamada “ley ómnibus”, lejos de compensar el retroceso de las jubilaciones como pretende vender el gobierno, constituye un chantaje contra los jubilados, porque se verán obligados a renunciar a sus demandas para mejorar en algo sus míseros ingresos. 
Además, como en un Caballo de Troya, esto va unido a un perdón generalizado a favor de los grandes evasores y lavadores de dinero. Mientras el pueblo sufre los rigores del ajuste, los José López y Lázaro Báez del macrismo y del kirchnerismo y sus cómplices empresarios blanquearán su dinero mal habido. Las trampas descubiertas en los Panamá Papers no son la excepción sino la regla.
Frente a tanta impunidad, nos rebelamos ante la criminalización de la protesta y el reforzamiento del aparato represivo del Estado.
Denunciamos el protocolo represivo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que tiene entre cejas la lucha del pueblo trabajador. En la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de la Policía Federal y el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que avala las detenciones arbitrarias de la policía, forman parte de una ofensiva contra las movilizaciones populares callejeras en el centro político del país.
Denunciamos la vigencia de las llamadas leyes antiterroristas, la colaboración con el FBI y la DEA y los preparativos para hacer intervenir al Ejército en la represión interior - iniciados con el ascenso del genocida César Milani durante el gobierno de Cristina Fernández-, que incluye la instalación de bases militares imperialistas en territorio argentino. El decreto de Macri, que amplía el autogobierno de las Fuerzas Armadas y sus promesas de mayor presupuesto y equipamiento, son expresivas de esta nueva alianza política que busca sellar el gobierno. La reciente absolución de los genocidas de Capilla del Rosario, condenados por el fusilamiento sumario de militantes populares durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, es una señal de la justicia para avalar la represión interna a manos de las Fuerzas Armadas.
Denunciamos la represión policial y judicial contra los trabajadores  y trabajadoras  de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, Salta; la represión contra los y las municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi, que luchan contra los despidos y en defensa de sus salarios; a los trabajadores de RB, que en San Isidro son reprimidos por defender sus fuentes de trabajo, ante una patronal especulativa que los dejó en la calle y una justicia que la avala. El fallo de la Corte Suprema contra el derecho a huelga apunta a reforzar a la burocracia sindical criminal de los Gerardo Martínez y los José Pedraza contra las organizaciones combativas de base; especialmente, contra los trabajadores precarizados y tercerizados.
El reforzamiento represivo, incluida la militarización en los barrios a lo largo y ancho del país, tiene su correlato en el sistemático incremento del delito organizado, de las zonas liberadas, de las mafias del narcotráfico y de las redes de trata. Las fuerzas represivas son el eslabón más importante de una estructura criminal al interior del Estado que enlaza a funcionarios, punteros, bancos, jueces  y fiscales. 

Desde este Puente histórico decimos: 
Basta de represión y criminalización de la protesta. 
Basta de gatillo fácil. 
Desprocesamiento de los luchadores. 
Libertad a los presos políticos. 

Reivindicamos al impresionante movimiento de mujeres que se expresó nuevamente en la convocatoria #NiUnaMenos. El Estado es responsable por la impunidad y la violencia que sufren nuestras compañeras. Exigimos una respuesta para frenar el asesinato de mujeres en todo el país y exigimos derecho al aborto libre, seguro y gratuito. ¡Basta de opresión y violencia contra la mujer!

Reivindicamos a Darío y Maxi como expresión de la juventud que se organiza y lucha en los lugares de trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios y en las zonas rurales; la que enfrenta a la burocracia sindical y la precarización laboral, como Mariano Ferreyra. 
Desde este puente, saludamos a todas las luchas que enfrentan el ajuste a lo largo y ancho del país. 
Al pueblo de Tierra del Fuego, que protagoniza una verdadera rebelión de más de 100 días contra el gobierno del Frente para la Victoria que encabeza Rosana Bertone. La represión y el desalojo del acampe frente a la Casa de Gobierno no ha logrado hacer amainar esa gran lucha en defensa de las jubilaciones, el salario y los puestos de trabajo.
Saludamos la lucha de los docentes, obreros de la construcción y empleados municipales de Santa Cruz, que enfrentan al gobierno de Alicia Kirchner y su ajuste. A los docentes de Santiago del Estero, que salieron a luchar masivamente contra el gobierno de Claudia Ledesma Abdala; nuestra solidaridad con los petroleros de Comodoro Rivadavia que pararon los despidos y con los trabajadores estatales de Mendoza, que sufrieron la represión del gobernador Alfredo Cornejo. 
Hemos sido activos partícipes e impulsores de la gran marcha educativa del 12 de mayo, que copó la Plaza con los reclamos de docentes y estudiantes, en el marco de una enorme huelga universitaria.
Peleamos codo a codo junto a nuestros compañeros estatales de la Nación, las provincias y los municipios contra los despidos en la administración pública.
El movimiento de desocupados, los piqueteros como Darío y Maxi, estamos también nuevamente en las calles para enfrentar el hambre, con movilizaciones masivas, acampes, cortes y ocupaciones para reclamar el sostenimiento de los comedores populares, trabajo genuino y un subsidio universal a los desocupados. 

Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todos los mártires de las luchas obreras y populares. 
A los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y a los asesinados por la represión durante la democracia.  A Anibal Verón, Teresa Rodríguez, Víctor Choque y los muertos en el puente Corrientes. A las víctimas de los crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier Barrionuevo y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano. A Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz, asesinado  en Castelli, Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario. Seguimos exigiendo justicia por Mariano Ferreyra, asesinado por luchas contra la precarización laboral. 
Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por los más de 4.400 casos de gatillo fácil desde 1983 hasta el presente.  

No podemos dejar de mencionar, esta vez muy especialmente, al pueblo de Oaxaca, donde la represión del Estado mexicano dejó un saldo de nueve maestros asesinados. Desde aquí, todo nuestro apoyo a esa lucha y por el castigo a los responsables de la brutal represión. Y exigimos la Aparición con Vida de los 43 normalistas de Ayotzinapas y el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de sus desapariciones.
Y solidarios con todas las luchas de nuestros pueblos hermanos latinoamericanos, denunciamos el asesinato de Berta Cáceres, lidereza del COPINH en honduras. Exigimos que se esclarezca este crimen y que intervenga una comision de investigacion internacional independiente al estado hondureño, complice de este asesinato y garante de las concesiones a las empresas trasnacionales que en conjunto atropellan los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Todos ellos están representados también en el nombre de la estación "Darío Santillán y Maximiliano Kosteki", que hemos convertido en una muestra permanente de arte popular y de lucha, recuperándola para las clases desplazadas como un espacio concreto y simbólico, con el nombre de estos dos luchadores populares.
 Ellos formaron parte de una generación de luchadores. La que enfrentó al menemismo y a la Alianza, la del 19 y 20 de diciembre, la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación y la opresión. Darío y Maxi serán redimidos cuando los culpables paguen y cuando logremos poner en pie la  Argentina por la que lucharon, sin explotadores ni explotados. 
Volvemos al puente como cada 26 de Junio, a lo largo de estos 14 años con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral; universalización de  programas de estudio y empleo para la juventud y los desocupados. 

Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.

Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores. Pan y trabajo para todos y todas. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Basta de despidos, tercerización y precarización laboral. Pase a planta de los trabajadores de los planes de empleo. Plenos derechos sociales y sindicales.

Desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas  a todos los luchadores y las luchadoras populares. Libertad a Milagro Sala y todos los presos y pesas políticas.

Basta de criminalización de la protesta social, abajo el protocolo anti piquetes, basta de represión.

Basta de violencia contra la mujer. Ni una menos. El Estado es responsable.

Por tierra y vivienda para todas y todos. Basta de expulsión de los pequeños campesinos. Basta de envenenar a los pueblos rurales con agrotóxicos.

Fuera el imperialismo de América Latina. Unidad de todos los luchadores y luchadoras contra la explotación y la opresión.

DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO  KOSTEKI, ¡PRESENTES!

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSICIA

martes, 10 de mayo de 2016

Al Congreso de ATE: que expulsen al colaborador Juan Carlos Marín, de la dictadura genocida

Al Congreso de ATE
Al compañero Secretario General de ATE Provincia


Desde la Asociación de Ex  -Detenidos Desaparecidos (AEDD) queremos reiterar el pedido realizado por Justicia Ya La Plata solicitando se expulse del gremio a Juan Carlos Marín por su colaboración y por lo tanto participación durante el genocidio perpetrado por la dictadura en la zona de  Ensenada y Berisso.

Queremos recordar a este Congreso que los juicios en los que hemos demostrado el accionar genocida y por tanto condenar a un grupo de los represores, fueron construidos gracias a las declaraciones de los que pudimos salir del infierno de los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio, así como el de familiares y vecinos de las víctimas. Por lo tanto para nosotros a priori de cualquier fallo o actuación judicial, estos testimonios son prueba suficiente para sindicar a los culpables.

Durante el juicio contra Fuerzas de Tareas 5 sustanciado en el TOF 1 de La Plata , en base al testimonio de 13 de estos testigos se envió al Juzgado de Instrucción el caso de Marín y otros jerarcas de Astilleros, el Supe y la UOM y el Sindicato de la Carne.

Queremos a manera descriptiva transcribir una parte del testimonio de Diomisio Puz, trabajador de Astillero Río Santiago que en la décima audiencia del juicio  señaló la estrecha relación entre la burocracia sindical y las fuerzas represivas del Estado; Dionisio contó, además, que la cúpula sindical colaboró con las fuerzas represivas aportado listas negras sobre los trabajadores. “Colaboraron con las Fuerzas Armadas, actuaron de colaboracionistas”, dijo Dionisio; rol que se comprueba también en otros testimonios en este juicio. Un dato que arroja luz sobre el asunto es que las personas que ocupaban puestos en la cúpula sindical no fueron afectadas ni desaparecidas por el aparato genocida activado por el Estado. Incluso siguieron ocupando sus puestos de poder posteriormente, durante los gobiernos constitucionales, como es el caso de Juan Carlos Marín, actualmente en funciones. La dirección patronal de ARS, las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical estaban de acuerdo y sumaron fuerzas contra los trabajadores.

Respecto del sindicato, recordó varios nombres: Averginau, Morales, Marín; este último fue quien acusó a la compañera Ana María Nievas en una comisaría. Nievas hizo luego la correspondiente denuncia contra Juan Carlos Marín. También recordó que “a los trabajadores nos sacaron con amenazas y armas cuando estábamos elaborando el convenio colectivo que hoy está vigente”.

Desconocemos la potestad de este Congreso para expulsar a Marín, pero de ser imposible por que así lo marcan los estatutos solicitamos que se denuncie públicamente el accionar de este durante la dictadura, que conste en actas que fue tratado este tema y que se arbitren los medios para instar a la justicia a que se lo procese y sea enjuiciado.
Sin más y en la seguridad en que seguiremos trabajando juntos en pos de la denuncia y la lucha contra las violaciones a los DDHH de ayer y de hoy, saludamos a este congreso.

                                      ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS