viernes, 6 de abril de 2012

Organismos de DD.HH., hicieron saber su preocupación por el acceso de represores a UBA XXII

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre envió una nota a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos. La misiva alerta a la institución sobre "posibles usos indebidos y repudiables del Programa UBA XXII" ante el intento de represores condenados por delitos de lesa humanidad de acceder al mismo.

Un comunicado del decano de la Facultad, Héctor Trinchero, titulado "Sobre el rol de la universidad pública en contextos de encierro. El caso de represores condenados por delitos de lesa humanidad", recordó que el Programa UBA XXII "iniciado en los primeros momentos de regularización democrática de nuestra Universidad se propone aportar conocimientos y brindar una oportunidad de acceso a distintas carreras de la universidad a personas en situación de encierro que están cumpliendo alguna condena".

"Sin embargo, recientemente se ha dado el caso en que personas que han cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar pretenden realizar dichos estudios, lo cual constituye una situación además de indignante, conflictiva con los objetivos de dicho programa", señaló.
Agregó que "pensamos que para aportar al debate sobre las implicancias de semejantes hechos, la nota recibida y avalada por distintos organismos de Derechos Humanos es una útil herramienta de debate y esclarecimiento, no únicamente en el Consejo Directivo, el cual propone expresarse resolutivamente al respecto sino para toda la comunidad, y es por eso que la compartimos".

En su nota, la Liga había expresado su “preocupación ante el intento de los represores involucrados en la ejecución del genocidio sufrido por el pueblo argentino entre 1974 y 1983, de introducirse al sistema educativo de la universidad pública en contextos de encierro".

"Esta preocupación se extiende a la situación de docentes y estudiantes en el Programa UBA XXII, debido al hostigamiento sistemático que sufren por parte de estos detenidos condenados yo procesados en diversas causas por delitos de lesa humanidad", dice la nota de la Liga.

Agrega que "basados en nuestra experiencia como querellantes en los juicios llevados adelante en todo el país, hemos argumentado respecto de la impunidad que se perpetúa si los genocidas condenados son beneficiados por criterios de una supuesta `normalidad procesal`, inadmisible en el caso de los delitos por los que fueron condenados".

Los límites de la admisión universitaria a genocidas

DEBATE POR LA INTENCION DE TRES REPRESORES DE CURSAR EN UBA XXII
Los límites de la admisión

Los marinos Adolfo Donda, Juan Carlos Rolón y Carlos Guillermo Suárez Mason quieren estudiar en el programa de la UBA en la cárcel. Docentes y alumnos internos expresaron su rechazo y alegaron “violencia moral”. Se espera una definición de la universidad.

Tres represores que actuaron en la ESMA, uno condenado y los otros procesados por delitos de lesa humanidad, pretenden ingresar como alumnos de UBA XXII, el programa de educación universitaria en las cárceles. Quieren estudiar Abogacía y Sociología. Uno de ellos ya está inscripto, a fuerza de una intimación judicial. Los otros dos podrían ser inscriptos en los próximos días. Los profesores, y hasta los internos alumnos del programa, expresaron su rechazo, alegando “violencia moral”. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, planteó que la situación es, “además de indignante, conflictiva con los objetivos del programa”. Mientras, desde la carrera de Sociología se impulsa un proyecto con términos y opiniones similares en la Facultad de Ciencias Sociales. Las autoridades de UBA XXII esperan un pronunciamiento del Consejo Superior de la universidad para resolver qué hacer.

Se trata de Adolfo Donda, condenado junto a Alfredo Astiz y Jorge Acosta en el primer juicio a los represores de la ESMA. Se trata de Juan Carlos Rolón, juzgado en el mismo juicio, aunque sólo por la desaparición de las monjas francesas, quien resultó absuelto, aunque sigue procesado y será juzgado por decenas de otros delitos. Se trata de Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo del ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Suárez Mason), procesado con prisión preventiva. Rolón y Donda quieren estudiar Abogacía; Suárez Mason, Sociología.

“La decana de Derecho (Mónica Pinto), la secretaria académica de la UBA (Catalina Nosiglia) y el propio rector (Ruben Hallu) han expresado su preocupación sobre el tema”, dijo a Página/12 el director del Programa UBA XXII, Ariel Cejas, aunque reconoció que aún “no hay una decisión institucional” al respecto. “Yo mal puedo como director del programa arrogarme facultades que no tengo, hasta tanto el Consejo Superior no se expida –dijo Cejas–. El problema a resolver es si jurídicamente la universidad puede negarles el derecho a estudiar a ciertos detenidos.”

El camino del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA quieren transitar los represores de la Marina. El primer aspirante fue Rolón, alojado en la cárcel de Marcos Paz, quien pidió su inscripción a fines del año pasado. La UBA, en principio, no lo inscribió, por lo que recibió una intimación judicial para que habilitara el derecho del detenido al estudio. “La universidad resolvió entonces inscribirlo libre, para que no tenga que cursar con los demás internos”, contó Cejas. Rolón debía rendir en marzo su primer examen, pero la mesa fue levantada ante la falta de profesores.

Hace dos semanas llegaron los pedidos de inscripción de Donda y Suárez Mason, desde el hospital del penal de Ezeiza. “Cada unidad académica es independiente. Yo me comuniqué, en este caso, con las autoridades del CBC, que habilitaron la inscripción –dijo Cejas–, así que se los va a inscribir como libres en el transcurso de este mes”, siempre que el Consejo Superior no decida lo contrario. Si esto no sucediera, Donda y Suárez Mason comenzarían sus exámenes libres a mitad de año, al igual que Rolón, cuya primera mesa fue levantada.

La cursada de los internos regulares empezó el 26 de marzo. Entre carreras, CBC y cursos extracurriculares, este inicio lectivo reunió alrededor de 550 inscriptos. Del total, más de cien firmas de alumnos solicitaron no cursar con detenidos por crímenes de lesa humanidad. El rechazo también llegó desde la docencia.

“Hay un malestar muy fuerte. Hubo un caso (Rolón) en que hubo un recurso judicial, y la UBA no apeló”, dijo el coordinador y docente de Sociología del programa Marcelo Langieri. “Hay una violencia moral muy grande. A mí mismo, la Marina me reventó la casa. Y pudo haber sido el propio Donda. En la dictadura la carrera de Sociología fue cerrada, intervenida. Es un pasado que está presente”, dijo.

La Facultad de Filosofía y Letras recibió una carta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre alertando sobre “posibles usos indebidos y repudiables del Programa UBA XXII”. El decano Trinchero consideró que el hecho de que “personas que han cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar” pretendan formarse en UBA XXII “constituye una situación, además de indignante, conflictiva con los objetivos de dicho programa”.

La directora de la carrera de Sociología, Alcira Daroqui, Langieri y el consejero y profesor Lucas Rubinich redactaron un proyecto que será presentado en Sociales, donde argumentaron que, por estatuto, la universidad tiene la potestad de “establecer las condiciones de admisibilidad” de sus estudiantes, y que los crímenes de lesa humanidad “plantean la inhabilidad moral de sus responsables para convivir en el seno de la UBA”.

Cejas destacó la complejidad del problema y se preguntó: “¿Por qué sería posible que estudie un violador, un policía que mató a un chico en el Riachuelo, un corruptor de menores y no un tipo que cometió delitos de lesa humanidad?”. El debate sigue abierto en la universidad.

sábado, 24 de marzo de 2012

24de marzo: Nuestra memoria insumisa; por Andrea Benites-Dumont


Un nuevo 24 de marzo, otro aniversario del maldito hito que nos partió el corazón hasta el fin de los tiempos.

Un nuevo 24 que no viene despojado de presente.
En los últimos años ha habido transformaciones en todos los ámbitos sociales y políticos, y se ha generado una cultura de la memoria que se explaya en los más variopintos sitios y rincones, conducida desde una suerte de mesa de mezclas donde se pretende afinar en un mismo ritmo y sonido, a un coro homogéneo que no admite diversidades ni multiplicidades.

Así como la historia no puede existir sin la memoria, la memoria no puede dejar de meterse en el presente, y, abordando los sitios concretos que son en sí mismos memoria, tanto los que han sido escenario de las atrocidades, o los que se rehabilitan o los que se construyen,  dichos  espacios y centros de  memoria están influidos de las necesidades políticas del momento que se hacen,  y es lógico e innegable que así sea; otra cuestión es el uso y utilidad de la construcción de una memoria histórica a semblanza y en concordancia con un partido, organización o gobierno.

Los memoriales,  espacios especiales, son ideados como lugares de conmemoración y remembranza, incorporándose en la reconstrucción de esta cita creadora, la presencia de los testimonios y denuncias de los sobrevivientes.
Y es en este punto de encuentro, entonces,  donde se conjugan los rastros del pasado, suenan en presente y sueñan en futuro.

La complejidad del presente se escabulle de las imágenes claras y precisas que la memoria se esfuerza en acercar, y como una variante de calidoscopio dibuja escenas esperpénticas, un memorial de “héroes” de Malvinas en el mismo sitio donde esos “adalides” torturaron, violaron y asesinaron; o acondicionar un poco allá y un poco acá, una sala de proyecciones dentro de la ESMA, para desarrollar los tramos judiciales que restan en la causa contra los genocidas de la armada, sin desplazarse a la cartografía del dolor de los familiares, las víctimas, los sobrevivientes.
Iniciativas éstas, salidas de discursos efectistas y demostrativas del manejo que de los derechos humanos vienen avasallando desde las instancias del poder y desde los organismos cooptados, hoy más gubernamentales e inamovibles que las estatuas de la Casa Rosada. Si visitar, adentrarse en un sitio conmemorativo, nos coloca en el evocar y en reconstruir lo que allí pasó, sentir en el cuerpo y en el alma;  sólo los perpetradores y represores, quedan fuera de esta rememoración fraterna. Esas disparatadas propuestas ignoran y desoyen  los silencios que aún suenan desgarrados en las paredes y pasillos de la ESMA.

Podría hablarse de una pluralidad de memorias, y no seria errático ni restador, porque ello se corporiza en las marchas diferentes, y en las consignas que llevan los mensajes a los que pusimos protegidos en las fotografías. Y si la dimensión del recuerdo es la del propio reconocimiento, la memoria es parte, necesariamente, de un sistema crítico, es la alerta contra el olvido de las injusticias y atropellos, que dejaron las calles manchadas y con siluetas hechas jirones, que reaparecen en las demandas sociales actualizadas a golpe de resistencias contra un sistema perverso que devora insaciable lo mejor de la gente,  la gente que enfrenta y escabulle la ley antiterrorista implementada por el gobierno de los derechos humanos.

Las imágenes quedan fijadas en fotografías, y de aquella memoria gráfica que no se re-encuentra como parte del hoy, se va borrando, se diluyen, las desaparecen…. Las imágenes son reconocibles a través de su relación con el tiempo del presente. Los límites de una fotografía nos desafían a completar lo que no vemos, lo que está fuera de la imagen. Así como las hojas y expedientes sueltos o descubiertos al azar, de los archivos de la dictadura que encierra todo el paisaje que es indispensable para que no estén perdidos en soledades ni en silencios aquellos que nadie nombra ni recuerda, pero sabíamos que estaban.

Aún hoy a 36 años del golpe asesino, del genocidio instaurado, no se soporta todavía su potencia demoledora, y se crean atajos jurídicos procesales y políticos, para evitar su uso, y se allana y banaliza, se emiten calificaciones de genocida en lugar de asentar en conciencia el genocidio perpetrado. Y así sobran en los documentos, en los textos, en las demandas y en las querellas, calificaciones todas insuficientes.

Pero la realidad es siempre generosa en variedades y posibilidades, y por ahí también anda anidando y proliferando una cultura de la memoria centrada en las víctimas, en las gentes, lejos de los mármoles, de los monumentos, subvenciones, negocios, puestos, acomodos y funcionariado.

Ahí anda callejeando en baldosas que amalgaman los recuerdos, baldosas de muchos colores y de muchas manos, una cultura de memoria en espacios públicos abiertos, en marchas, una cultura de la memoria en los nuevos reclamos y en los nuevos desaparecidos….
Y hoy 24 de marzo, ahí anda la memoria, desnuda y desafiante, buscando a Jorge Julio López entre tanta concurrencia y hojarasca.

viernes, 23 de marzo de 2012

LUCHAR ES UN DERECHO.

LUCHAR ES UN DERECHO
Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los gobiernos de los Kirchner

Viernes 23 de marzo de 2012. A 36 años del golpe genocida y a días del próximo 24 de marzo, Organismos de Derechos Humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe sobre la Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de los Kirchner.

En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa representantes de los organismos de derechos humanos: Enrique Fukman y Gabriela Vargas de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD; Claudia Ferrero de la Asociación de Profesionales en Lucha – APEL; Gina Erramuspe del Centro de Abogados por los Derechos Humanos –CADHU; Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – CEPRODH; Martín Alderete de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP; María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; y Diana Kordon de Liberpueblo; y representantes de las siguientes organizaciones: Jorge Cardelli del Partido Socialista; Elena Hanono del Partido Comunista Revolucionario; Vilma Ripoll del Movimiento Socialista de los Trabajadores; Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores Socialistas; Néstor Pitrola del Partido Obrero; Oscar Kuperman de la Coordinadora por la Unidad Barrial CUBA-MTR; Santiago Gándara de la Asociación Gremial Docente AGD-UBA; Mary Martín asesora del diputado Piamonte ARI; Mario Mazitelli del Partido Socialista Auténtico PSA; José Castillo de Izquierda Socialista; Hugo Blasco de CTA Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur; entre otros.  

INFORME SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos  realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.
Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

El informe fue realizado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha – APEL; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos –CADHU; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; y Liberpueblo.

El informe:

Abarca el período 2001-2012

Sintetiza los primeros resultados de la investigación que estamos realizando desde principios del año 2011, y refleja la sistematización de datos sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.

La base de datos se encuentra en permanente proceso de registro de nuevos datos y será actualizado periódicamente para su consulta.

Está organizado en las siguientes partes:

-Presentación de la situación de criminalización y represión 2001-2012
-Presentación de la metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos.
-Informe estadístico de casos criminalizados registrados
-Identificación de tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta
-Registro de las organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país
-Anexo con listado de víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2001-2012
-Detalle de las fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos
-Listado de materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la realización del informe

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
TOTAL DE CRIMINALIZADOS REGISTRADOS:  
2268
·         Porcentaje de criminalizados por año – 2001-2012
Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.

·         Porcentaje de criminalizados por sector de pertenencia – 2001-2012
Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos registrados.

·         Porcentaje de criminalizados por tipo de conflicto – 2001-2012
Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un 31,7%.
En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización.

·       Porcentaje de criminalizados por provincia – 2001-2012
Sobre un total de 2221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país.
La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos registrados, y las continúan en porcentajes las provincias de Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%.

ORGANIZACIONES CRIMINALIZADAS
Son 167 las organizaciones, comunidades y grupos de pertenencia que se relevaron como criminalizados hasta la fecha para este informe.

ANEXO VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN ESTATAL Y PARAESTATAL A LA PROTESTA Y LA ORGANIZACIÓN POPULAR, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ASESINADOS ENTRE 2001 Y 2012
Se registraron en este informe 72 compañeros y compañeras víctimas de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad entre los años 2001 y 2012.
Año
Víctimas
2001
40: Carlos Santillán, José Oscar Barrios, Graciela Acosta, Carlos “Petete” Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Avaca, Diego Ávila, Gustavo Ariel Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Yanina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Romina Iturain, Diego Lamagna, Cristian Legembre, Claudio “Pocho” Lepratti, Alberto Márquez, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, Sergio Pedernera, Rubén Pereyra, Damián Vicente Ramírez, Sandra Ríos. Gastón Marcelo Riva, José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega, Ricardo Villalba.
2002
3: Javier Barrionuevo, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán.
2003
2: Cristian Ibáñez, Luis Marcelo Cuellar.
2004
3: Sandra Cabrera, Martin “Oso” Cisneros, Esteban “Chirolita” Armella.
2006
1: JORGE JULIO LÓPEZ DESAPARECIDO
2007
1: Carlos Fuentealba
2008
2: Lázaro Duarte, Juan Carlos Erazo.
2009
1: Javier Chocobar.
2010
10: FACUNDO VARGAS, Silvia Suppo, NICOLÁS CARRASCO, SERGIO CÁRDENAS, Mariano Ferreyra, Roberto López, Mario López, Bernardo  Salgueiro, Rosmary Chura puña, Emilio Canaviri Álvarez.
2011
5: MÁRTIRES LÓPEZ, Ariel Farfan,  Juan José Velazquez, Felix Reyes, Cristian Ferreyra.
2012
4: Jeremías Jonathan  Trasante, Claudio Damián “Mono” Suárez, Adrián Leonel “Patón” Rodríguez, Noemí  Condorí.

Estas víctimas se suman a los 1911 casos de muertos por gatillo fácil y torturas durante el período comprendido entre el 25/05/2003 y el 29/02/2012 (Fuente: Correpi)

MÁS DE 4000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS CRIMINALIZADOS

Como se refleja en el informe estadístico en estos primeros resultados de nuestra investigación hemos sistematizado detalladamente los datos relativos a los sectores criminalizados, las fechas de judicialización, los conflictos por los que se está persiguiendo a los luchadores, las organizaciones de pertenencia, y cómo se aplica esta práctica represiva en las provincias, todo ello sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.

A estos datos sistematizados, debemos tener en cuenta que se suman varios centenares de procesados pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En Neuquén, los estatales comprenden el sector con más encausados con un total de 270 dirigentes y delegados criminalizados, siendo en su mayoría integrantes de los gremios ATEN y ATE. En Río Negro, unos 50 dirigentes sindicales están procesados o imputados en alguna causa producto de acciones gremiales.

Por otra parte, según consta en publicaciones del mes de mayo de 2011, los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a esa fecha se dictó el sobreseimiento de 1450 militantes que participaron de protestas sociales.
Con todos estos registros, el número de compañeros y compañeras judicializados en nuestro país asciende a más de 4000.

NUEVA DENUNCIA

En la conferencia se denunció que se abrió una acción penal con el número 2569/12 contra militantes y dirigentes sociales y políticos a raíz de las declaraciones de la Ministra Garré que los acusó de extorsionadores el pasado 16 de marzo, luego de una manifestación de trabajadores desocupados del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el clientelismo.

Se anunció una convocatoria para el jueves 29 de marzo a las 11:30 en Comodoro Py para presentar ante el juez Rafecas una delegación en defensa y solidaridad con los compañeros.

Contactos de prensa:
AEDD: 15-53372868
APEL: 15-56045905
CADEP: 15-54992811
CADHU: 15-50951324
CEPRODH: 15-41702398
CORREPI: 15-44170659
Liberpueblo: 15-69703562

domingo, 4 de marzo de 2012

Pretenden garantizar la impunidad del genocida Díaz Bessone


FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS  ROSARIO

PRETENDEN GARANTIZAR LA IMPUNIDAD DEL GENOCIDA DIAZ BESSONE

La audiencia de la causa que lleva su nombre el lunes 5 de marzo se celebrará en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en calle Entre Ríos y Tucumán.
Es una audiencia decisiva porque peligra a continuidad como imputado del mayor responsable vivo del genocidio en nuestra zona, ex jefe del Comando del II Cuerpo y ministro de Videla.
El juicio es una parte de la mega causa Feced y lleva casi dos años de trámite
El jueves se realizó una pericia en el cómodo departamento donde cumple su prisión domiciliaria. Los peritos de nuestra querella pudieron comprobar que se encuentra en condiciones de ser juzgado. Que comprende aún perfectamente la criminalidad de los actos atroces que ordenó.
No permitamos que se burle de la justicia una vez más.Exijamos en la calle como lo hemos hecho durante 36 años,que los jueces tomen las medidas correctas.
 
Convocamos a todos y a todas a la Cámara el lunes a las 11 para decirle a los jueces que separarlo del juicio sería una burla a los sobrevivientes, a la memoria de nuestros compañeros y a la democracia misma.
 NO PERDONAMOS      NO OLVIDAMOS    NO NOS RECONCILIAMOS
JUICIO Y CASTIGO EN CÀRCEL COMÙN A TODOS LOS GENOCIDAS
 
ELIDA LUNA GABRIELA DURRUTY  PAULA LUNA YOLI MEDINA HECTOR MEDINA RICARDO DOMINGUEZ LILIAN ECHEGOY NELIDA TURLIONE
LEA MEDINA

lunes, 30 de enero de 2012

La "Galle" a la calle: 2 de febrero a las 10:30 Callo y Corrientes

2 de febrero a las 10:30 hs. Callao y Corrientes

 Mis ilusiones son que sigamos aprendiendo, que de a poco logremos erradicar la crueldad con la que debemos convivir a diario. Que no haya más presos/as, que no exista la miseria, que podamos decidir todo por nosotros mismos, que nos dejen vivir en paz, que la ternura invada las ganas de vivir de cada persona, generando la amplitud de pensamiento y la conciencia colectiva nos genere esa ideal calidad de vida. GALLE, EZEIZA, JUNIO 2011.

10 años presa! Ni un día más. 2 de febrero 10.30 hs. Marcha a Tribunales